Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- El juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado de la masacre de al menos 70 indígenas del norte de Guatemala en 1981, entró a su recta final este miércoles con la presentación de las conclusiones de su defensa y cuando un tribunal pronto podría dictar sentencia.
El exdiputado de derecha Antonio Arenales Forno se presentó hoy ante el tribunal para tratar de convencer a los jueces de que los delitos de tortura y desaparición forzada, de los que se sindican a Lucas García, no existían en el código penal cuando los hechos ocurrieron en 1981.
La defensa del general, quien era jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala, durante el Gobierno de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982), presentó sus conclusiones, después de que el Ministerio Público (Fiscalía) pidiera condenar al militar retirado a 2.860 años de prisión por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Lucas García, de 92 años, es acusado de haber diseñado la estrategia de contrainsurgencia que el Ejército de Guatemala aplicó contra la región maya ixil, ubicada en el departamento (provincia) de Quiché, al norte del país, y de determinar como “el enemigo interno” a toda la población indígena de la zona que fue arrasada.
Durante más de 70 audiencias, desfilaron más de 50 testigos y decenas de expertos que narraron las acciones del Ejército en distintas comunidades, fincas y plazas del norte de Guatemala, donde señalan a los soldados de haber realizado masacres, violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres y niñas, así como la desaparición forzada de decenas de personas.
Por su parte, el general Lucas García acude por videollamada a cada audiencia desde el hospital militar donde se encuentra recluido y cumpliendo una condena de 58 años de prisión por la desaparición de un joven de 12 años ocurrido en 1981 en la Ciudad de Guatemala.
En 2013, un tribunal de mayor riesgo de la Ciudad de Guatemala condenó al dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por el genocidio de más de 1.000 indígenas de la región Ixil durante su mandato, sin embargo la condena de 80 años de prisión fue revocada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.
De acuerdo con los fiscales del caso la lectura de la sentencia podría darse a finales de esta semana o a principios de la siguiente. EFE
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