Lima, 30 oct (EFE).- El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez pidió al Poder Judicial la suspensión de las actividades de recaudación del peaje por parte de la concesión Línea Amarilla, empresa implicada en el juicio por presunta corrupción contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la firma brasileña OAS, informó el Ministerio Público este miércoles.
Pérez, a cargo del Primer Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía, requirió la suspensión contra la concesionaria, administrada por Lima Expresa SAC, antes denominada Lamsac, en los peajes ubicados en la Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, Estadio, Ejército y Huánuco.
Además, solicitó el nombramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes S. A. (Emape S.A.), como administrador judicial, a fin de que "custodie los bienes de la concesión" de las áreas del terreno objeto del contrato de concesión.
La Fiscalía explicó que el pedido de medidas preventivas contra esta persona jurídica se hace al amparo del Código Procesal Penal y como parte de las investigaciones contra Línea Amarilla SAC, la constructora brasileña OAS y Susana Villarán, durante su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-2014).
En este caso, la Fiscalía investigó la presunta comisión de delitos contra la administración pública, como colusión, negociación incompatible y cohecho, durante la gestión de Villarán con la presunta participación, funcionarios de la Municipalidad de Lima y, en calidad de particulares, representantes de la empresa Línea Amarilla SAC y Constructora OAS Sucursal del Perú, vinculados a la etapa de ejecución del proyecto Línea Amarilla.
El fiscal Pérez ha pedido 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014. EFE
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