Quito, 15 oct (EFE).- El dato de las más de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que existen actualmente en territorio ecuatoriano procede de un estudio privado facilitado por Estados Unidos que no contiene conclusiones definitivas.
Se trata de un análisis exploratorio, cuya finalidad es informativa y no contiene conclusiones definitivas ni recomendaciones específicas, según señalaron este martes a EFE fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
El estudio localiza las 2.000 hectáreas en las provincias del norte de Ecuador fronterizas con Colombia, como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, capaces de producir unas 61 toneladas métricas de cocaína al año.
El lunes, Noboa sorprendió al dar un mensaje a la nación en el que señalaba que, según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano", cuyas hojas son la materia prima para elaborar la cocaína.
El mandatario aseguró que, según estimaciones de expertos, esas plantaciones habrían sido sembradas desde hace aproximadamente tres años, cuando gobernaba el país su antecesor, el conservador Guillermo Lasso (2021-2023).
Ecuador, hasta ahora, no era considerado un país productor de coca, aunque en los últimos años Ecuador se ha convertido en un puente para el envío al exterior (especialmente a Estados Unidos y Europa) de la droga que se procesaba en Colombia y Perú, los dos mayores productores en el mundo de cocaína.
Y aunque en el pasado se habían detectado pequeñas plantaciones de pocas hectáreas en el territorio nacional, mayormente en las inmediaciones de la frontera con Colombia, la producción era considerada muy marginal.
Por ello, el anuncio presidencial llama la atención, aunque la superficie descrita en Ecuador es muy pequeña comparada con las 230.000 hectáreas detectadas en Colombia y las 92.000 en Perú en 2023.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también en la extracción ilegal de minerales, según las autoridades.
A inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. EFE
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