Madrid, 15 oct (EFE).- El Gobierno español enviará este martes a la Comisión Europea (CE) un plan de ajuste a siete años para bajar el déficit presupuestario anual al 0,8 % del PIB en 2031 y reducir la deuda pública al 90,6 % ese mismo año.
El plan fiscal estructural presentado este martes en Madrid por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es de cuatro años, aunque recoge una senda de ajuste a siete con el compromiso de una serie de reformas e inversiones adicionales.
En este sentido, mencionó temas "de total prioridad" como la vivienda, la inmigración o el clima de negocios, que el ministro no detalló, así como otras iniciativas de sostenibilidad presupuestaria como los ingresos derivados de la reforma de pensiones, ya implementada.
Igualmente aludió a otras reformas, como la fiscal, "que tendrá lugar en el marco del quinto desembolso" de fondos europeos de recuperación socioeconómica tras la pandemia.
Cuerpo recordó que la clave de las nuevas reglas fiscales europeas es el gasto computable, que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos.
Ese gasto quedará limitado a un aumento del 3,7 % en 2025, hasta bajar progresivamente al 2,4 % en 2031.
Según el ministro, este aumento equivale a un incremento medio del gasto computable del 3,4 % en el periodo 2025-2028; y del 3 % en 2025-2031. Esto permitirá gastar cada año 6.000 millones adicionales al promedio 2014-2018.
La limitación del gasto reducirá el déficit público español de manera "progresiva", de el 3 % del PIB previsto este año al 2,5 % en 2025. Será el 2,1 % en 2026; 1,8 % en 2027; 1,6 % en 2028; 1,5 % en 2029; 1,2 % en 2030; y 0,8 % en 2031.
La deuda pública bajará al 102,5 % del PIB este año; al 98,4 % en 2027 y el 90,6 % al final del periodo de ajuste (2031), hasta situarse en el 76,8 % del PIB en 2041, según las previsiones de Economía.
El Gobierno incluye entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento "de manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre banca y las compañías energéticas, lo que pasa por convertirlos en impuestos.
El ministro Cuerpo precisó que el plan fiscal "evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los tributos" sobre las eléctricas y el sector financiero, aprobados inicialmente para dos ejercicios y, posteriormente, ampliados a uno más.
Estos dos gravámenes, que comenzaron a aplicarse en 2023, han recaudado 2.859 millones de euros este año.
Aunque sin detalles, el ministro aseguró que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea, lo que deja "margen" para "realizar medidas de reforma en materia de ingresos (públicos) sin por ello dañar el crecimiento" económico. EFE
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