San Salvador, 14 oct (EFE).- El juicio que enfrentan cinco líderes ambientales en El Salvador, acusados de asesinar a una mujer en la guerra civil (1980-1992), muestra el uso del sistema judicial "para perseguir el activismo ambiental", según denunció este lunes su comunidad.
La comunidad Santa Marta, del departamento salvadoreño de Cabañas (norte), fue una de las que impulsó la prohibición de la minería metálica en el país en 2017 y que también han advertido de que hay señales de un retroceso.
En una carta abierta, sus habitantes afirman que la detención de los ambientalistas se dio "luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición" de la minería, entre ellos el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), Antonio Pacheco.
Pacheco, de acuerdo con la carta, es "uno de los principales impulsores de la lucha por el agua y el medioambiente amenazados por la minería".
Este líder ambientalista es enjuiciado junto a sus compañeros, todos mayores de 50 años, ante el Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque, a más de 86 kilómetros de San Salvador.
"La falta de pruebas, la eventual reactivación minera y el rol de nuestros líderes en la resistencia comunitaria contra el extractivismo, indican que este caso es -en realidad- una manipulación del sistema penal para perseguir al activismo ambiental", señala la carta divulgada en las redes de ADES.
Agrega que también es "una instrumentalización de la justicia transicional para criminalizar a quienes advierten sobre los peligros de los proyectos mineros".
La remota comunidad rural Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, es reconocida por la lucha de sus habitantes contra la minería metálica y que fue repoblada por excombatientes de la insurgencia y exiliados tras el fin del conflicto.
"La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de cometer un supuesto asesinato hace 35 años, durante la guerra civil, sin más prueba que el relato contradictorio de un testigo protegido que primero declaró que presenció los hechos y después dijo que le contaron lo sucedido", indica la misiva.
La comunidad advierte que entre las señales que observa de la posible reversión de la prohibición de la minería metálica están la incorporación de El Salvador al Panel Intergubernamental sobre Minería (2021) y la aprobación de una mueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (2021).
Además, un presupuesto de 4,5 millones de dólares para "revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica" y "la presencia de personeros de empresas mineras en el país".
Los ambientalistas procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Este caso también ha sido llevado por la organización Tutela Legal María Julia Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE
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