El Tribunal de Cuentas español consultará a la Justicia Europea sobre la ley de amnistía

Madrid, 29 jul (EFE).- El Tribunal de Cuentas español ha decidido plantear varias cuestiones prejudiciales a la Justicia Europea sobre la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el intento de independencia ilegal de la región de Cataluña en el caso del desvío de fondos públicos para este fin.

El órgano, que fiscaliza las cuentas de las administraciones y de los entes públicos, será el primero en consultar la ley de amnistía española al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en este caso por la posibilidad de que colisione con los intereses financieros comunitarios.

Considera además que, si ya estuviese en vigor la directiva europea sobre la lucha contra la corrupción, en España no habría sido posible aprobar la ley de amnistía, que fue respaldada por el Parlamento a últimos de mayo pasado.

Es "muy difícil conciliar" la ley de amnistía con la "prevención de la impunidad del fraude y la corrupción" que persigue el Derecho de la UE, argumenta la consejera del tribunal encargada del procedimiento en un auto al que EFE accedió este lunes.

El procedimiento afecta a los expresidentes independentistas catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, este último fugitivo de la justicia española desde 2017, entre una treintena de ex altos cargos catalanes.

Varios preceptos de esta ley podrían dar lugar, "precisamente, a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados" en este procedimiento, que ahora queda en suspenso tras esta decisión, argumenta el auto.

El procedimiento se dirige contra altos cargos catalanes por su responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum de 'autodeterminación' del 1 de octubre de 2017, declarado inconstitucional, y la promoción en el extranjero del proceso independentista unilateral.

La Fiscalía española cuantificó ese supuesto desvío en 3,4 millones de euros (3,7 millones de dólares).

Ahora el Tribunal de Cuentas suspende el procedimiento de reintegro de fondos, al igual que la aplicación inmediata de la amnistía mientras se resuelven las cuestiones prejudiciales citadas.

Entre los principios y preceptos del Derecho europeo con los que la ley sería incompatible están la lucha eficaz y disuasoria contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE, la cooperación leal, la igualdad y no discriminación, la seguridad jurídica y confianza legítima y la tutela efectiva en el proceso judicial.

La regulación contenida en los citados preceptos podría ser incompatible con la jurisprudencia TJUE, que de manera reiterada ha hecho una interpretación amplia del concepto de protección de los intereses financieros de la Unión, según la consejera encargada del caso.

También cree que la referida regulación contenida en la ley de amnistía "parece caminar en sentido opuesto a ese objetivo del Derecho de la UE relativo a la prevención de la impunidad del fraude y la corrupción".

El pasado 1 de julio, el Tribunal Supremo (TS) español ya rechazó amnistiar al expresidente independentista catalán Carles Puigdemont y dos excolaboradores, todos ellos huidos de la justicia, por malversación de fondos públicos, y mantiene la orden de que sean detenidos en cuanto vuelvan a España.

Igualmente decidió no aplicar la polémica ley de amnistía a los líderes independentistas a los que ya juzgó e inhabilitó en 2019 para ejercer cargo público por malversación.

La ley de amnistía, acordada entre el gubernamental Partido Socialista español y los independentistas catalanes, ha generado una fuerte controversia política, jurídica y mediática en España. EFE

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