La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a las autoridades electas el pasado 2 de junio, impulsar una agenda para erradicar la tortura en nuestro país.
En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este 26 de junio, el organismo pidió en un comunicado cumplir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles que se adoptó en 2017, pero que no ha sido del todo implementada en México.
“Los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes. Muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito”, advirtió.
La ONU-DH consideró un “esfuerzo loable” la Estrategia Nacional contra la Tortura que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió en 2023, pero argumentó que “no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional”.
“Asimismo, la ONU-DH también recuerda que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura. La Ley General prevé la adopción de programas de rehabilitación de víctimas de tortura, los mismos que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas”, indicó.
Por ello, el organismo pidió al próximo gobierno, de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, y a otros mandatarios locales y legisladores electos acciones para frenar este delito. “Para la ONU-DH, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas y garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal”, apuntó.
¿Qué es la tortura?
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define este crimen de lesa humanidad como:
“Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
En el Artículo 1 de dicha convención, la cual fue adoptada el 18 de diciembre de 2002 y de la cual México forma parte, establece que “no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la tortura es un atentado contra la humanidad y la dignidad de una persona, pues representa una grave violación a los derechos humanos que no tiene justificación bajo ninguna circunstancia.
En el caso específico de México, las detenciones arbitrarias y la tortura persisten como “una práctica generalizada” pese a los avances en los últimos años, concluyó el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU en un informe dado a conocer en septiembre del año pasado. Casi seis mil 400 personas, al menos, fueron presuntas víctimas de tortura en 2022, según un informe del Observatorio Contra la Tortura, compuesto por organizaciones civiles de derechos humanos.
*Con información de EFE
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