Atenas, 21 may (EFE).- Un tribunal de la ciudad de Kalamata, en el sur de Grecia, abrió este martes un controvertido juicio contra nueve ciudadanos egipcios acusados de haber provocado el naufragio del pesquero Adriana el 14 de junio de 2023, que causó la muerte de entre 500 y 700 personas frente a las costas griegas.
Los nueve detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 40 años y están también acusados de tráfico ilícito de personas y participación en una organización criminal, pueden ser condenados a cadena perpetua si son hallados culpables de los cargos que se les imputan.
Sus abogados sostienen que son inocentes y, al igual que varias oenegés, ven la responsabilidad del siniestro sobre todo en la Guardia costera griega, algo que niegan las autoridades helenas.
Cuando se produjo el siniestro, una de las mayores tragedias migratorias en el Mediterráneo, el Adriana navegaba abarrotado de migrantes. Había partido de Libia con rumbo a Italia.
Se hundió el 14 de junio en aguas internacionales, aunque de jurisdicción griega en cuanto a operaciones de rescate, frente a la costa suroeste del país heleno.
Nunca se ha establecido el número exacto de personas a bordo, pero las estimaciones oscilan entre 500 y más de 700. De ellas, sólo sobrevivieron 104 personas. Los equipos de rescate recuperaron además unos 80 cadáveres.
"Quien lea el expediente (de acusación) no encontrará ninguna evidencia de que estas personas fueran traficantes, hubieran recibido dinero o propiciaran el hundimiento del barco", dijo a EFE Dimitris Julis, miembro del equipo de defensa de los acusados, formado por ocho abogados.
Para el letrado, se trata más bien de "un caso de encubrimiento" de los verdaderos responsables del naufragio, que, insistió, es la Guardia costera griega.
Según testimonios de supervivientes a las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), la Guardia costera helena ató un cabo al Adriana y comenzó a remolcarlo, lo que provocó la zozobra del barco y que finalmente se hundiera, una versión de los hechos que las autoridades helenas niegan rotundamente.
Por otro lado, Julis indicó que los tribunales griegos "no tienen jurisdicción" para el caso debido a que el naufragio ocurrió en aguas internacionales, por lo que la defensa solicita que se desestime todo el proceso.
Efi Dusu, otro miembro del equipo de defensa, recalcó que la investigación para formar el expediente se realizó en apenas tres meses, mientras que, por otro lado, un tribunal naval sigue investigando el caso por undécimo mes.
Según Dusu, todo el expediente de la fiscalía griega se basa en los testimonios que nueve de los supervivientes dieron a los guardacostas en Kalamata tan solo unas horas después del naufragio y estando todavía en estado de shock.
"Los supervivientes que han hablado con periodistas e investigadores son más que los testimonios que incluye el expediente para uno de los mayores naufragios del Mediterráneo", criticó.
Ambos letrados señalaron que la defensa tiene pruebas de que los nueve acusados habían pagado como todos los demás para realizar el viaje como migrantes hasta la Unión Europea (UE).
Un pequeño grupo de manifestantes que protestaron contra del procesamiento de los nueve egipcios se enfrentó frente al tribunal con la Policía, que detuvo a dos personas, informa la emisora pública ERT.
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