Estrasburgo (Francia), 24 abr (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo consideró este miércoles que el Gobierno ultranacionalista de Viktor Orban "no podrá desempeñar de manera creíble" su papel al frente de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que asumirá el 1 de julio próximo, debido a la situación del Estado de derecho en Hungría.
Es una de las conclusiones que figuran en el informe final de la actual legislatura que evalúa la democracia en Hungría y que fue aprobado con 399 votos a favor, 117 en contra y 28 abstenciones.
El texto aprobado denuncia graves deficiencias relacionadas con el sistema judicial, la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses, la libertad de prensa, los derechos fundamentales, el sistema constitucional y electoral, el funcionamiento de la sociedad civil, la protección de los intereses financieros de la UE y el cumplimiento de los principios del mercado único.
Al analizar los últimos casos de "violación persistente, sistémica y deliberada" de los valores de la UE en el país, la Eurocámara condena la adopción de la Ley de Protección de la Soberanía Nacional y el establecimiento de la Oficina de Protección de la Soberanía (SPO) en Hungría.
Esa oficina tiene "amplios poderes y un estricto sistema de vigilancia y sanciones, que viola fundamentalmente los estándares de la democracia [...] e infringe múltiples leyes de la UE", dice el Parlamento.
Los eurodiputados piden a la Comisión Europea que solicite al Tribunal de Justicia de la UE medidas provisionales para suspender inmediatamente la ley, ya que afecta al principio de elecciones libres y justas.
En este sentido, los eurodiputados deploran la decisión del Ejecutivo comunitario de desbloquear 10.200 millones de euros de los fondos regionales a Hungría tras constatar que la reforma judicial aprobada por el Gobierno de Viktor Orbán cumplía con los requisitos pactados, según la institución.
Los eurodiputados subrayaron que es "incomprensible" liberar fondos alegando mejoras en la independencia del poder judicial, mientras que los fondos cubiertos por diferentes leyes de la UE siguen bloqueados debido a deficiencias persistentes en el mismo ámbito.
Ese desbloqueo en diciembre pasado de parte de los casi 22.000 millones que Budapest tiene asignados dentro de la Política de Cohesión por incumplimientos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales coincidió en el tiempo con la amenaza de Orbán de vetar entonces un paquete de ayuda a Kiev de 50.000 millones, que finalmente salió adelante.
El Parlamento Europeo contestó esta decisión de desbloquear parte de los fondos a Hungría ante el Tribunal de la UE.
Para los eurodiputados, las recientes revelaciones filtradas en unas grabaciones de la exministra de Justicia de Hungría Judit Varga deberían llevar a la Comisión a revocar el desembolso de fondos de la UE.
Un antiguo colaborador del Gobierno húngaro reveló en marzo pasado una grabación en la que Varga aseguraba que el entorno de Orbán presionó a la Fiscalía para ocultar pruebas de casos de corrupción que afectaban a miembros del Ejecutivo.
Los eurodiputados reiteraron su petición de que se proceda con el expediente del llamado "artículo 7", un mecanismo que permite actuar contra un Estado miembro que infrinja de forma grave y continuada los principios en los que se basa la UE y que en el caso de Hungría se activó hace más de un lustro.
El procedimiento puede culminar en la pérdida del derecho a voto por parte del país infractor, pero el caso húngaro nunca ha pasado de la fase de diálogo; la actual presidencia del Consejo, Bélgica, prevé celebrar una nueva audiencia con el Gobierno húngaro en junio. EFE
cat/jug/jam
