Los ecuatorianos definirán este domingo su opinión sobre los ejes del Gobierno de Noboa

Quito, 15 abr (EFE).- Más de trece millones de ecuatorianos están citados a las urnas el próximo domingo para un referéndum convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y responder a once preguntas sobre las líneas maestras de su gestión, especialmente refereridas a seguridad, justicia, inversiones y empleo.

De las once preguntas, las cinco primeras implican reformas a la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), y las seis restantes suponen cambios legislativos que no afectan a la Carga Magna:

Desde 2021 en Ecuador se han declarado más de una decena de estados de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía a combatir el crimen organizado en los picos de mayor violencia criminal, por lo que se busca que este rol de los militares sea permanente, sin necesidad estados de emergencia que tienen un límite de tiempo determinado.

Hasta ahora la Constitución vigente impide que el Estado ecuatoriano pueda entregar por la vía de la extradición a personas reclamadas por la Justicia de otros países, una figura que con este referendo puede habilitarse, aunque estará excluida para países donde se aplica la pena de muerte y otros castigos crueles, así como para delitos políticos, salvo terrorismo y delitos de lesa humanidad establecidos en convenios internacionales.

Actualmente Ecuador está limitado constitucionalmente a reconocer sólo arbitrajes internacionales si son de Latinoamérica, por lo que se busca aceptar cualquier jurisdicción a nivel global y dar mayor seguridad jurídica para atraer inversiones extranjeras.

Noboa pretende flexibilizar la contratación laboral con contratos temporales y por horas, modalidades que actualmente no contempla la legislación de Ecuador y con las que el Gobierno piensa que puede generar nuevos empleos y además frenar la migración irregular a Estados Unidos.

El Gobierno propone la creación de un sistema de juzgados en materia constitucional, con salas de primera y segunda instancia, que se encargue de ver recursos como la acción de protección y el habeas corpus, que actualmente tramita cualquier juez, lo que ha dado pie a tramas de corrupción judicial que han permitido a narcotraficantes y a delincuentes salir en libertad, pese a estar con condenas vigentes.

Los ecuatorianos también votarán si quieren endurecer las penas para los delitos de terrorismo y su financiación, producción de drogas, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.

Asimismo, se consultará la posibilidad de privar de cualquier beneficio penitenciario a los condenados por financiación del terrorismo, reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción de drogas, minería ilegal, tenencia y porte ilegal de maras, extorsión, tráfico de influencias, ofrecimiento de tráfico de influencias y testaferrismo, para que cumplan toda su condena dentro de prisión.

También se sometera a consulta si los encargados de controlar los accesos a las cárceles puedan ser de las Fuerzas Armadas, después de que las bandas criminales hayan sido capaces de introducir grandes arsenales de armas y explosivos a las prisiones, utilizadas en las masacres que desde 2020 han costado la vida a medio millar de reclusos.

Asimismo, el Gobierno ha propuesto crear el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, con el objetivo de evitar que estas acaben en manos de las bandas criminales.

10. Armas incautadas para la Policía y Fuerzas Armadas

El Ejecutivo también plantea que el armamento incautado a las bandas criminales y delincuentes sea destinado de manera inmediata a equipar a las fuerzas estatales.

La última propuesta del Gobierno es simplificar los trámites para que el Estado expropie bienes de origen ilícito o injustificado, con el propósito de golpear a las propiedades de criminales obtenidas con dinero procedente de actividades ilegales.