España investiga la detención en Mauritania y traslado a Senegal de un abogado de la CPI

Madrid, 25 mar (EFE).- La Audiencia Nacional de España investiga como posible delito de secuestro con finalidad terrorista la detención del abogado francoespañol Juan Paulo Branco López el pasado mes de agosto en Mauritania, desde donde fue trasladado a Senegal y, posteriormente, deportado a Francia.

Los hechos denunciados se produjeron el 4 de agosto, cuando Branco se encontraba "ejerciendo labores jurídicas en su condición de Assistant to Counsel de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación a una denuncia sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la jurisdicción senegalesa".

En un auto al que tuvo acceso EFE, el magistrado español Manuel García Castellón se considera competente para investigar el asunto, tras admitir la querella interpuesta por Branco "en relación al secuestro en Mauritania por parte de un grupo armado sin distintivos oficiales, con posterior traslado subrepticio a Senegal por vía fluvial o terrestre".

Según la querella, tras ser "secuestrado" en territorio mauritano, fue trasladado "contra su voluntad a Senegal, siendo encapuchado, maniatado y maltratado en todo el tránsito".

Los autores del supuesto secuestro, prosigue el escrito, seguían "las instrucciones directas de uno de los querellados, el Jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar (Senegal), Adramé Sarr, precisamente miembro de los cuerpos policiales que habían sido denunciados por Juan Branco ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional".

Durante el tiempo que duró la detención y el traslado fronterizo, Branco estuvo en paradero desconocido, "escondiendo su secuestro e ilegal traslado transfronterizo a las autoridades consulares españolas de Mauritania y Senegal, quienes no tuvieron información sobre el paradero del ciudadano español”.

La querella se presentó contra el citado Adramé Sarr, "quien dirigió la ejecución del secuestro en Mauritania, el traslado transfronterizo hasta Senegal, y el maltrato sufrido por la víctima"; y también contra el resto de personas no identificadas que pudieran estar implicadas.

El juez considera que la Audiencia Nacional española sería competente para investigar estos hechos en aplicación de la jurisdicción universal si se considerasen constitutivos de un delito de terrorismo contra un ciudadano español.

"Calificación -advierte el magistrado- que no puede realizarse en este momento inicial de la investigación sin la práctica de diligencias dirigidas a la comprobación de los hechos, sus partícipes y la finalidad pretendida con los mismos".

Por ello, en primer lugar llama a declarar a Branco como "testigo víctima" y pide al Ministerio de Asuntos Exteriores español un informe sobre la actuación de los servicios consulares en Mauritania y Senegal en relación con la detención de Branco.

Tras ser arrestado en Mauritania, las autoridades de Senegal encarcelaron el 6 de agosto al abogado, conocido en ese país por defender al principal opositor senegalés, Ousmane Sonko, y lo acusaron de haber llamado a la insurrección y poner en peligro la seguridad pública.

El pasado 22 de junio, presentó una demanda en Francia contra el presidente senegalés, Macky Sall, y otros altos cargos por “crímenes contra la humanidad” durante las protestas de marzo de 2021 por los arrestos y los problemas con la justicia de Sonko, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos. EFE

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