Quito, 19 mar (EFE).- Las autoridades de Ecuador aseguraron este martes que han tomado muestras de ADN a cerca de 3.800 presos "con consentimiento" por parte de los reclusos, frente a reportes que indican que estos procesos se están realizando sin que los reos sean informados de que tienen derecho a negarse.
Más de la mitad de las muestras tomadas fueron en la cárcel de Latacunga, de la andina provincia de Cotopaxi, donde según el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses un total de 2.404 presos aceptaron que se les tome la muestra, mientras que nueve no dieron su consentimiento.
Los únicos casos donde se reportan casos que se han negado a dar su consentimiento para participar en este proceso están en la cárcel de Latacunga, pues no hay reportes en el resto de prisiones.
En la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, situada en Guayaquil, se tomaron un total de 868 muestras, mientras que en tres cárceles de la provincia andina de Chimborazo se recogieron 522 muestras.
El proceso para la creación y administración de la base de datos de perfiles genéticos con fines de investigación forense y humanitarios comenzó el pasado 21 de febrero, recordó en un comunicado el Órgano de Gobierno del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
"La toma de perfiles genéticos a las personas privadas de la libertad se realiza en estricto respeto a los derechos humanos conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador y la voluntad expresa de las personas privadas de libertad", reiteró.
Así, explicó que "previo a la toma de la muestra obtenida por medio del hisopado bucal, los PPL (personas privadas de libertad) fueron informados en legal y debida forma, obteniendo el consentimiento firmado de más del 98 % de la población de los centros carcelarios en los que se ha desarrollado el proceso".
Sin embargo, fuentes reservadas citadas por el diario español El País aseguran que no se les está brindando la adecuada información a los presos y que a quienes preguntan les señalan que es para poder identificarles más rápido en caso de que sean desmembrados como suele ocurrir con las víctimas de las matanzas que se han registrado en las cárceles ecuatorianas desde 2021.
El Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses está conformado por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Consejo de la Judicatura.
Según esta entidad, con este proceso se proyecta la recolección de muestras biológicas de diversas poblaciones para la creación de la base de datos.
Esto incluye la población carcelaria, personas investigadas, procesadas y sentenciadas por delitos penales, perfiles genéticos de indicios de la escena del crimen, personas que requieran permiso o autorización para el porte de armas, miembros activos de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como funcionarios pertenecientes a las Entidades de Seguridad Complementaria.
El proceso se inició durante la militarización de las cárceles en el marco del estado de excepción y "conflicto armado interno" declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado.
Esto llevó a que la Policía y las Fuerzas Armadas intervengan las prisiones que hasta ese momento estaban controladas por las bandas criminales, cuyas rivalidades causaron una serie de masacres y asesinatos con un total de más de 500 muertes violentas entre 2020 y 2023.
Durante la presencia de los militares en las cárceles, algunas organizaciones han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos de los presos que llevaron a un juez a ordenar a la Defensoría del Pueblo que realice una investigación para esclarecer estas denuncias.
Las Fuerzas Armadas han rechazado estas acusaciones y han reiterado en diversas ocasiones que cumplen con un respeto irrestricto de los derechos humanos, además de asegurar que bajo su control las prisiones han vuelto a tener orden y los presos han podido tener acceso a comida sin ser extorsionados por las bandas criminales.
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