Fujimori sigue enfrentando a la Justicia, a pesar de restitución del indulto humanitario

Lima, 30 ene (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) sigue enfrentando a la Justicia de su país, que lo procesa por violaciones a los derechos humanos y ha pedido a Chile que amplíe su extradición por otros delitos, a pesar de que en diciembre pasado dejó la prisión en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC).

Aunque ese organismo restituyó los alcances del indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante, Pedro Pablo Kuczynski, el Poder Judicial evalúa este martes la solicitud de prisión domiciliaria pedida por la matanza de Pativilca, cometida en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

Estas son las principales claves de la situación jurídica del exmandatario peruano:

Fujimori, de 85 años, salió en libertad el pasado 6 de diciembre luego de que el TC restituyó el indulto de 2017, que al año siguiente fue derogado por un tribunal supremo luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió que se garantice la administración de justicia para las víctimas.

El exgobernante había sido fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.

A pesar de que la CorteIDH rechazó la restitución del indulto, el TC ratificó su orden tras declarar "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata" de su sentencia.

En su resolución, el TC también se manifestó "sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia" en Perú.

Aunque la sentencia a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos es la más conocida, a lo largo de los años Fujimori también fue condenado por delitos de corrupción en otros casos, con penas que ya cumplió.

En diciembre de 2007 recibió 6 años de prisión por el delito de usurpación de funciones, por haber ordenado a un militar que suplante a un fiscal para allanar de manera ilegal la casa de Trinidad Becerra, la esposa de su exasesor Vladimiro Montesinos, y en 2009 se le condenó a 7 años y 6 meses de cárcel por haber entregado una compensación de 15 millones de dólares a Montesinos.

Ese mismo año, un tribunal le dictó 6 años de prisión por los delitos de peculado y cohecho activo por espionaje telefónico a periodistas y políticos, la compra de la línea editorial de medios y el pago a congresistas tránsfugas en agravio del Estado.

En enero de 2015, fue sentenciado a 8 años de prisión por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar a diarios que apoyaron su reelección en 1995, aunque en agosto de 2016 la Corte Suprema lo absolvió en este caso.

La Corte Suprema de Chile ya amplió en junio de 2017 la extradición de Fujimori para que sea procesado en Perú por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el llamado caso Pativilca, también cometido por el grupo Colina en 1992.

De esa manera, el exgobernante enfrenta un nuevo juicio, por el cual la Fiscalía ha pedido que reciba el arresto domiciliario, a pesar de que su abogado, Elio Riera, insiste en que también le asiste el derecho de gracia presidencial, que le otorgó Kuczynski junto con el indulto.

El Tribunal Superior de la Corte Nacional declaró el pasado 12 de enero improcedente un "pedido de excepción de naturaleza de acción", un recurso presentado por la defensa del exmandatario para alegar que el hecho denunciado no constituye un delito.

De esa manera, la sala decidió continuar con el juicio oral contra Fujimori, Montesinos y otras 21 personas por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada.

La Procuraduría General del Estado peruano anunció el jueves pasado que la Corte Suprema de Chile aprobó un pedido para ampliar los delitos por los que Fujimori fue extraditado en 2007.

De acuerdo con esa información, la decisión fue tomada en ocho causas solicitadas por la Justicia peruana por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.

La Procuraduría no detalló los casos, pero medios locales mencionaron que figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999, así como presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, en 1992, y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.

Además, las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno y el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo Colina.