Trípoli, 3 ene (EFE).- La Fiscalía libia reveló este miércoles los resultados de la investigación sobre el colapso de las dos presas de Derna (este), que el pasado mes de septiembre provocó la muerte de cerca de 4.540 personas, y concluyó que la falta de un sistema de alerta temprana y la negligencia en las tareas de mantenimiento y limpieza fueron las causas principales.
En una conferencia de prensa celebrada hoy, el fiscal Al-Siddiq Al-Sour explicó que un total de 25 expertos supervisaron el informe del perito sobre el desastre y que confirma que, tanto el alcalde de la localidad, los funcionarios del departamento de recursos hídricos y el organismo encargado de las represas son responsables del desastre.
Desde la apertura de la pesquisa, señaló, 14 funcionarios han sido encarcelados y dos de los acusados se encuentran fugitivos en el extranjero tras ser citados por la Justicia por malversación de los fondos de reconstrucción, por lo que las autoridades locales emitirán en la próxima semana una orden internacional de detención a la Interpol.
El hijo de Jalifa Haftar -hombre fuerte del país- Belgassim Haftar, nombrado recientemente por el Parlamento (este) como director ejecutivo del Fondo de Reconstrucción de Derna y de las zonas devastadas, firmó ayer "contratos importantes" con la compañía estatal egipcia Contratistas Árabes, incluidos varios puentes, para comenzar los antes posible y resolver los desafíos a los que se enfrenta Derna, declaró el Gobierno del este en un comunicado.
Según Naciones Unidas, las inundaciones provocadas por el ciclón Daniel y el colapso de dos represas del 9 de septiembre desplazaron a unas 43.000 personas, 16.700 de ellas en Derna y 4.850 en Al Bayada, las zonas más afectadas; mientras 8.000 continúan desaparecidas.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) reclamaron entonces una investigación independiente y liderada por la ONU para determinar las fallas en la gestión de esta catástrofe, ya que, declaró, las autoridades locales emitieron órdenes contradictorias sobre las evacuaciones e incluso impusieron un toque de queda que dejó atrapados a numerosos barrios que quedaron completamente arrasados.
Dos autoridades enfrentadas se dividen el poder: el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), basado en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional, de Abdelhamid Dbeibah; y el Ejecutivo de Bengazi nombrado por el Parlamento y liderado por Osama Hammad. Estas profundas divisiones políticas han dificultados todavía más las operaciones de reconstrucción y la distribución de indemnizaciones entre los afectados.
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