Caracas, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este sábado que la fiscal argentina Cecilia Incardona y el director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General del país austral, Diego Solernó, dictaminaran que es procedente el pedido de decomiso realizado por EE.UU. del avión venezolano-iraní retenido desde junio de 2022.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro expresó, en un comunicado, su rechazo "de manera categórica" a esta decisión sobre el "secuestro de la aeronave", retenida "ilegalmente".
Caracas cuestionó los argumentos de ambos funcionarios argentinos, quienes consideraron un tratado suscrito entre Buenos Aires y Washington en el que, según el dictamen, "se comprometieron a brindarse asistencia mutua", lo que incluye la "cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro".
En octubre de 2022, la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos) pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
A juicio de Venezuela, la Justicia argentina "pretende desconocer" el "artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes".
Además, señaló que el tratado entre Argentina y EE.UU. "no puede ser aplicado a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales", que establecen "procedimientos para resolver este tipo de controversias".
El país caribeño adelantó que "recurrirá a las instancias internacionales que correspondan por este nuevo atropello que, a todas luces, denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional".
Asimismo, exigió la "inmediata devolución de la aeronave".
La justificación de la reclamación por parte estadounidense es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EE.UU. la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
La tripulación, conformada por 5 iraníes y 14 venezolanos, también había sido retenida en junio de 2022 por orden de la Justicia argentina, pero fue liberada posteriormente en tres tandas.
El juez federal argentino Federico Villena consideró entonces que no hubo evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión por el delito de financiación de actividades terroristas.
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