Santiago de Chile, 19 jul (EFE).- El Colegio de Profesores de Chile anunció este miércoles un paro nacional docente programado para el próximo 26 de julio, movilización que pondrá en el centro demandas "indispensables" al Gobierno que apuntan a mejorar sus condiciones laborales.
Según confirmó la plana dirigente del gremio, el paro tendrá un carácter "ascendente", iniciándose con una huelga de 24 horas con posibilidad de prolongarse en caso que las demandas no sean resueltas.
"Es un paro que va a involucrar a todo el profesorado de todo el país", indicó el presidente de la agrupación, Carlos Díaz Marchant.
Fin al "agobio laboral", resolución de problemas de salud mental que derivan en "reacciones violentas e inseguridad", pago de bonos de retiro y fin a la llamada "deuda histórica" son algunos de los puntos identificados por el Colegio y entregados al Gobierno tras una reunión con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.
La llamada "deuda histórica" se remonta a hechos ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando la administración de la educación pública fue traspasada del nivel central a las municipalidades del país. Este cambio implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regiría por las normas aplicables al sector privado.
Las autoridades de ese país crearon una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero de 1981. Sin embargo, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada "deuda histórica" del Magisterio.
De acuerdo a Díaz Marchant, las autoridades del Ministerio de Educación comprometieron una respuesta concreta fechada para el pasado 18 de julio sobre cada uno de los puntos expuestos, cuestión que no se habría cumplido.
Esta oleada de paros coincide con el retorno de los estudiantes de sus vacaciones de invierno.
No es la primera movilización en el área educacional que enfrenta la Administración de Gabriel Boric. Durante sus primeros meses de gobierno, miles de estudiantes secundarios articularon movilización principalmente en la capital para exigir mejoras en infraestructura escolar y protocolos contra la violencia machista.
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