Las Palmas de Gran Canaria (España), 17 abr. La Fiscalía Europea ha decidido asumir la instrucción de un caso de corrupción en España que afecta a los contratos del GAR-SI Sahel, un programa de colaboración con las fuerzas de seguridad de varios países africanos que administraba una fundación pública española, pero se financiaba con fondos de la UE.
Según informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la juez encargada de investigar la trama, conocida como "caso Mediador", aceptó que esa parte de investigación compete realizarla a la Fiscalía Europea, por tratarse de un presunto uso irregular de fondos comunitarios y puso a su disposición todas las diligencias que ha practicado respecto a esos contratos.
En este caso se investiga una trama de corrupción que supuestamente cobraba comisiones a empresarios para favorecerles en contrataciones públicas y concesión de ayudas o para evitarles inspecciones y expedientes sancionadores.
La juez instructora y la Fiscalía sitúan al frente de la trama al exdiputado de socialista canario en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al exdirector general de Ganadería del Gobierno regional de Canarias Taishet Fuentes (sobrino del anterior) y al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los doce imputados que se encuentra en prisión provisional.
En la decisión conocida hoy, la juez también deja en manos de la Fiscalía de la UE a Espinosa Navas, que dirigió hasta 2021 el proyecto europeo que pretendía ayudar a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en su territorio con la creación de equipos inspirados en los grupos de acción rápida (GAR) de la Guardia Civil.
El TSJC precisa que la Fiscalía Europea no solo pasa a ser el órgano al que le corresponderá examinar a partir de ahora el uso de esos fondos, sino también el que deberá decidir si el general Espinosa sigue en prisión preventiva o es puesto en libertad.
Las actuaciones remitidas a la Oficina Comunitaria del Ministerio Público también se refieren a la participación del empresario José Santiago Suárez Esteve, que recibió tres contratos de suministro de drones para el programa GAR-SI Sahel en Mali, Níger y Mauritania y un cuarto de material para CT Public Spaces (otro programa europeo de seguridad en Ghana, Kenia y Senegal).
Con el nombre de GAR-SI Sahel (acrónimo en francés de Grupos de Acción Rápida–Vigilancia y Respuesta en el Sahel) se conoce a un proyecto de la Comisión Europea de cooperación en seguridad con varios países africanos, que en España administra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Esta fundación pública española está regida por un patronato encabezado en la actualidad la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ordenó abrir una investigación sobre el uso de los fondos por parte del general Espinosa, tras conocer que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil relataba en el sumario del caso Mediador un presunto trato de favor a determinados empresarios a cambio de sobornos.
La jueza que lleva el caso le pidió, en concreto, detalles de cuatro contratos que suman 2.352.278 euros, se remontan a 2020 y 2021 y tienen en común que responden suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África (tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces).
Sobre los cuatro planea la duda de si fueron amañados por el general Espinosa.
Este caso ha provocado un escándalo político en España, por la implicación del exdiputado socialista, que este partido forzó a renunciar a su escaño a las pocas horas de saberse que lo estaban investigando. EFE
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