BOGOTÁ (AP) — Colombia y Guatemala quedaron en medio de una fuerte tensión diplomática luego de que el país centroamericano anunciara que emprenderá acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, quien lideró en Guatemala una comisión anticorrupción.
El presidente colombiano Gustavo Petro respaldó de inmediato a su ministro y la noche del lunes llamó a consultas a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, agregó Petro desde su cuenta de Twitter.
Tras la decisión de Petro el gobierno guatemalteco anunció que también llamó a consulta a su embajadora en Colombia, Reagan Vega Santizo, y calificó la decisión de Colombia de “exabrupto hacia la justicia guatemalteca”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”, dijo la cancillería guatemalteca en un comunicado de prensa.
Unas horas más tarde, tras arribar a Suiza donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos, Petro advirtió que si el país centroamericano insiste “en apresar hombres justos, nosotros nada tenemos que ver con Guatemala”.
En un mensaje de Twitter Velásquez agradeció el apoyo y solidaridad recibidos y dijo que “conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza".
Valásquez fue designado en 2013 para presidir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG), un organismo de las Naciones Unidas que llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina, y acusó a más de 1.500 personas por corrupción, entre ellas funcionarios de gobierno, jueces y empresarios. Tras años de trabajo Velásquez tuvo que salir de Guatemala por tensiones con el presidente Jimmy Morales, quien terminó el mandato de 12 años de la comisión.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dijo en una comunicación oficial el lunes que la “Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales” para que Velásquez “responda por sus actos ilegales y abusivos” al frente de la CICIG en un supuesto caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
El mandato firmado entre Guatemala y las Naciones Unidas para la creación y funcionamiento de la CICIG estableció inmunidad durante y después de las investigaciones para todo el personal de la Comisión, incluido su comisionado.
Curruchiche, quien fue sancionado en 2021 por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción, también solicitó la aprehensión de tres abogados que habrían participado en la investigación del caso de la constructora brasileña Odebrecht que admitió haber pagado sobornos a varios funcionarios para obtener beneficios.
El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló su preocupación por las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron en casos de corrupción. “Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, agregó el martes en Twitter.
Días antes Curruchiche no apeló la libertad de Manuel Baldizón, un excandidato presidencial que estuvo preso en Estados Unidos por uso de dinero del narcotráfico en su campaña electoral, acusado junto a políticos de haber recibido parte de los sobornos y que está investigado en el caso.
La víspera Velásquez emitió un comunicado en el que aseguró que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades del país centroamericano. Agregó que el trabajo de la CICIG fue realizado “con total transparencia y dentro del marco legal”.
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