CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma que extiende hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, decisión que activistas y algunos organismos internacionales consideran una mayor militarización del país.
Con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, aprobó el cambio de un artículo transitorio de la Constitución que amplía de 5 a 9 años la participación de los militares en labores de seguridad pública.
Ahora la reforma pasará al Senado para su discusión final, aunque se prevé que el debate podría complicarse debido a que el oficialismo y sus aliados no contarían con los votos suficientes para la aprobación.
En el 2019 el Congreso aprobó una reforma constitucional que establecía que los militares debían permanecer en las calles hasta el 2024.
La nueva iniciativa, que fue promovida por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apoyada por el oficialismo y sus fuerzas aliadas, se da menos de una semana después de que el Congreso aprobó una reforma legislativa que transfirió la Guardia Nacional —que estaba bajo mando civil— a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La decisión del PRI de unirse al oficialismo para apoyar la reforma generó fricciones al interior de la organización y duras críticas de parte de sus aliados opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el miércoles acusaron a los diputados del PRI de incumplir los compromisos acordados en la coalición Va por México, integrada por esos tres partidos, situación que pone en riesgo la supervivencia de esa alianza. Algunos senadores del PRI han adelantado que no respaldarán la iniciativa.
Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ocultó su satisfacción por la iniciativa promovida por el PRI, y en su conferencia matutina dijo que, de aprobarse la reforma, se contará con cerca de 500.000 miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el país.
Asimismo, López Obrador felicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), que el martes descartó que vaya a presentar una acción legal por inconstitucionalidad contra la reforma legislativa por la que la Guardia Nacional pasó a estar bajo control del Ejército. Varias organizaciones humanitarias criticaron el anuncio de la CNDH, acusándola de estar parcializada hacia el gobierno.
Durante años López Obrador defendió que los militares regresaran a los cuarteles, pero en los últimos meses modificó su postura. La semana pasada reconoció que cambió de opinión ante el recrudecimiento de la criminalidad en el país, problemática que asegura haber heredado de gobiernos anteriores.
Las fuerzas militares han estado desplegadas en México desde 2006 con la misión de mantener la seguridad en las calles. Sin embargo, tras numerosas denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de las Naciones Unidas le han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y los militares en diferentes estados del país, la inseguridad en México no ha disminuido. El mes pasado, grupos de delincuentes y cárteles del narcotráfico llevaron a cabo ataques en cinco estados del país en una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
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