El gobierno de Nueva Zelanda actuó ilegalmente con sus controles fronterizos por el covid-19, determinó el miércoles un tribunal, que señaló que el sistema privó a los ciudadanos de su derecho a volver a su país.
La jueza Jillian Mallon dijo que las medidas de aislamiento y cuarentena se adoptaron sin dar prioridad a las circunstancias personales de quienes intentaban ingresar al país.
Reconoció en su fallo que el propio sistema fue un componente crítico de la estrategia de eliminación del coronavirus.
Sin embargo, señaló que, al no tomar en cuenta las necesidades específicas de las personas, el gobierno actuó "ilegalmente, indebidamente y contraviniendo la Carta de Derechos que establece que cada ciudadano de Nueva Zelanda tiene derecho de ingresar a Nueva Zelanda".
La política fue denunciada en febrero ante la justicia por la organización "Grounded Kiwis", que hizo campaña para que se flexibilizaran las restricciones.
La denuncia se refería al periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 17 de diciembre de 2021.
El grupo argumentó que los neozelandeses en el exterior se vieron privados de sus derechos y que algunos resultaron traumatizados por sus fallidos intentos de volver a su país.
Nueva Zelanda levantó en marzo la exigencia de realizar aislamiento y cuarentena para todos los ciudadanos que regresen al país.
La abogada del gobierno Aedeen Boadita-Cormican defendió la política adoptada, aduciendo que se creó para proteger de manera justa a todos los neozelandeses dentro y fuera del país en una situación extrema.
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