Fiscalía de Guatemala detiene a investigadora de la CICIG

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca detuvo el jueves a una abogada que trabajó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, acusándola de obstruir la justicia.

Juan Luis Pantaleón, vocero de la fiscalía, confirmó a The Associated Press la detención de Leidy Indira Santizo Rodas. La fiscalía ha dicho que el caso está bajo reserva judicial, por lo que no se han dado más detalles.

Durante 12 años, la CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, colaboró en la investigación de casos de corrupción en el país centroamericano.

La abogada detenida, que fue “mandataria” de la CICIG, tenía la representación de la comisión para participar en procesos judiciales, ayudando entonces a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a lograr condenas a personas que cometieron delitos graves, como en el caso Génesis, donde una estructura del crimen organizado vinculado al narcotráfico despojó de sus tierras a campesinos.

Durante sus 12 años de operación la CICIG llevó a juicio a más de 60 estructuras del crimen organizado y logró, junto con la FECI de entonces, condenas a más de 400 personas por delitos de diversa índole, incluyendo casos de corrupción. La CICIG contaba con investigadores y abogados nacionales y extranjeros que aportaban y participaban en los procesos judiciales.

En 2019 el entonces presidente Jimmy Morales se negó a renovar el mandato por dos años más de la comisión, que previamente había investigado y acusado a su hermano e hijo de delitos de fraude. Tras la salida de la CICIG del país ambos fueron absueltos.

Además de Santizo se conoció que la fiscal del Ministerio Público, Xiomara Sosa Pérez, también sería detenida. La fiscal se presentó al juzgado que giró la orden de detención para conocer acerca de ésta, pero nadie la recibió ni le informó, según dijo ella misma a periodistas. La abogada Santizo es defensora de Sosa Pérez.

“Nadie me atendió. Quiero dejar claro que nunca me he rehusado ni he rehuido de la orden de captura, sólo espero tener acceso a una audiencia justa, donde no se le esconda nada”, dijo Sosa, y explicó que no esperaba que el Ministerio Público, donde actualmente trabaja, actuaría así.

Organizaciones activistas se pronunciaron contra la detención de ambas guatemaltecas.

“Negar el derecho a la legitima defensa es el más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los que expusieron la corrupción en los últimos años. Pone en riesgo a la profesión jurídica libre y el derecho a defender los derechos humanos”, dijo en un comunicado de prensa la Unión de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala.

Sosa también participó en la investigación en la que un exfiscal en jefe de la fiscalía contra el crimen organizado se habría coludido con un general, hermano de un diputado, para alterar la escena de un crimen donde asesinaron al padre del militar y descartar su presunta responsabilidad en el hecho. Un tribunal está juzgando el caso.

Esta abogada no es la única que pareciera estar bajo la mira de la justicia por sus investigaciones de casos de corrupción. El exfiscal jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, tuvo que abandonar Guatemala luego de que lo destituyera la fiscal general Consuelo Porras, a quien Estados Unidos le retiró la visa de entrada a ese país, acusándola de socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción. Sandoval asegura que es perseguido por su trabajo en la materia.

La AP solicitó a la misión de la ONU en Guatemala una opinión sobre mecanismos de protección a exempleados de la misión por la detención de la abogada, pero el vocero de la institución, Héctor Morales, remitió las preguntas al organismo con sede en Nueva York.

Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells “no hay duda” de que existe una persecución a todo aquel que haya trabajado en la CICIG o en la FECI, dirigida por Sandoval. “Y todo aquel que sea un obstáculo a los abusos de poder actual” dijo a la AP.