BARCELONA, España (AP) — La Unión Europea ha criticado un plan de legisladores en el sur de España de ampliar los derechos de riego de los agricultores cerca de uno de los humedales más grandes de Europa, lo cual pondría en mayor peligro un gran refugio de vida silvestre que ya se está secando.
El gobierno de la región de Andalucía quiere otorgar derechos de riego a los agricultores en 1.460 hectáreas de tierra cerca del Parque Nacional Doñana, designado Patrimonio de la Humanidad y reserva de la biosfera por las Naciones Unidas.
El Parlamento regional andaluz se disponía a votar en las próximas horas si analizará la propuesta del gobierno. La coalición gobernante de partidos conservadores y centristas, con el respaldo del partido de ultraderecha Vox, tiene los votos suficientes para que la medida pase a discusión y el proyecto podría convertirse en ley en los próximos meses.
La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, exhortó al jefe del gobierno andaluz a que abandone el plan. Dijo que la Comisión Ejecutiva de la UE ha advertido que habrá “cuantiosas multas” si se toman medidas para extraer más agua del parque Doñana luego de advertencias reiteradas y un fallo de la corte europea que fustigó a España por no proteger su ecosistema.
Una carta al gobierno nacional español de la directora general para el ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, expresa “honda preocupación por las posibles repercusiones... sobre los hábitats” si se sanciona la ley, dijo Ribera.
El parque Doñana de 54.000 hectáreas, situado en un estuario junto al océano Atlántico en el suroeste de España, es el hogar de medio millón de aves acuáticas migratorias y uno de los últimos refugios del lince ibérico y el águila imperial española.
La zona circundante, como otras partes de las costas españolas, es a la vez un destino turístico y la usina agrícola que produce frutas y verduras para exportar a toda Europa. Las tierras cerca de Doñana son grandes productoras de fresas en particular.
El presidente andaluz Juan Moreno defendió su plan el mes pasado ante el Parlamento Europeo. Sostuvo que los agricultores ya extraían agua ilegalmente de la zona y que la ley simplemente oficializaría el consumo además de permitir un mayor control por parte de las autoridades.
“El parque no puede ser una pecera de hormigón donde la gente se suba a verlo”, dijo Moreno. “El parque también tiene que ser un elemento, por supuesto, de dinamización económica de la zona”.
Los ecologistas no están de acuerdo.
El grupo ambientalista SEO Bird Wildlife sostuvo que la ley legitimaría el consumo excesivo de agua en una zona que “está viendo cómo —año con año— pierde biodiversidad y resiliencia frente al cambio climático, debido fundamentalmente a la sobreexplotación de los acuíferos que nutren este humedal”.
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