MANILA, 17 (DPA/EP)
El tifón 'Rai', también conocido como 'Odette', ha dejado al menos 31 muertos en Filipinas, la mayoría en la provincia de Cebú, y más de 300.000 desplazados, según el último balance proporcionado por el Consejo Nacional de Reducción del Riesgo y Gestión de Desastres de Filipinas (NDRRMC).
En las últimas horas se ha incluido a cuatro víctimas mortales más. La región con más fallecidos es la de Cebú, con 16 fallecidos, seguida de Negros Oriental (5 muertos) y Bohol (5 muertos).
También hay fallecidos en Guimaras (2) e Ilo Ilo, Negros Occidental y Bukdidnon (uno en cada provincia).
Cinco millones de personas se han quedado sin corriente eléctrica en todo el país debido al paso del tifón, que ha causado importantes daños en las islas Visayas y en Minadanao.
Por su parte, el gobernador de Negros Occidental, Eugenio Jose 'Bong' Lacson, ha indicado este viernes que las fuerzas de seguridad se encuentran retirando escombros de las principales carreteras de la región.
Últimas Noticias
Israel dice que cuatro de sus soldados han muerto en el frente de Líbano
Un robot con patas podría acelerar la prospección de recursos en la Luna y la búsqueda de vida en Marte
Un equipo suizo trabaja en una innovadora tecnología diseñada para explorar superficies de otros mundos de manera más eficiente, abriendo nuevas vías para la investigación espacial, según expertos de la Universidad de Basilea y el laboratorio especializado de Zúrich
Joan Mitchell se corona en Hong Kong con la obra femenina más cara en una subasta de Asia
El Ejército de Indonesia anuncia que continuará su misión de paz en Líbano pese a la muerte de tres soldados
Fuentes oficiales indonesias prometen mantener el despliegue bajo mandato de la ONU en Medio Oriente, subrayando el compromiso con la estabilidad regional y el homenaje a los tres efectivos fallecidos durante ataques recientes vinculados a la tensión entre Hezbolá y fuerzas israelíes
Organizaciones de DDHH condenan la reforma de la pena de muerte israelí y su discriminación a los palestinos
Representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos han advertido sobre el retroceso que implica la nueva normativa israelí, calificándola como una afrenta al derecho internacional y un ataque directo al principio de igualdad jurídica
