GINEBRA (AP) — A pesar de las objeciones de Etiopía, el principal organismo de derechos humanos de la ONU aprobó el viernes la creación de un equipo de expertos para elevar la vigilancia de las garantías individuales en la devastadora guerra entre las fuerzas del gobierno etíope y combatientes de la región de Tigray.
El gobierno etíope condenó lo que calificó de “mentalidad neocolonialista” de los países occidentales que intentaron el viernes elevar la vigilancia hacia los abusos y violaciones de los derechos humanos en el país mediante la creación de un equipo de expertos que monitoree la situación.
La resolución aprobada por 21 votos contra 15 y 11 abstenciones creará un equipo de tres miembros con mandato de un año para estudiar los abusos a los derechos humanos y presentar un informe.
La iniciativa occidental revela la frustración de estos países ante una investigación de la comisión etíope de derechos humanos juntamente con la oficina de la ONU que no profundizó lo suficiente en el tema como lo demostró su informe el mes pasado.
“El conflicto ha continuado con combates más allá de las fronteras de Tigray. Nuestra oficina sigue recibiendo informes verosímiles de graves violaciones y abusos de los derechos humanos por todas las partes”, dijo la vicealta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Nada al-Nashif, en la sesión del viernes. “El impacto humanitario del conflicto es cada vez más dramático”.
Casi 10 millones de personas en el norte de Etiopía enfrentan la falta de alimentos y al menos 2 millones han debido huir de sus hogares. Los trabajadores humanitarios tienen escaso acceso y enfrentan hostilidad. El gobierno ha tratado de limitar la información sobre la guerra y detenido algunos periodistas, entre ellos el camarógrafo independiente acreditado de The Associated Press, Amir Aman Kiyaro.
Entre 5.000 y 7.000 personas siguen detenidas bajo el estado de emergencia, en su mayoría tigreños, dijo al-Nashif. “Muchos están incomunicados o se encuentran en lugares desconocidos. Esto equivale a la desaparición forzada y es causa de alarma muy grave”.
La Comisión Etíope de Derechos Humanos, creada por el gobierno, reconoció en un comunicado reciente que alentar la investigación conjunta tenía un “valor agregado”, pero dijo que la creación de un nuevo organismo es “repetitivo, contraproducente para los procesos en marcha y causa mayores demoras en la compensación para las víctimas y los sobrevivientes”.
El embajador de Etiopía en Ginebra, Zenebe Kebede Korcho, dijo que su gobierno rechaza la resolución. Durante la sesión del viernes calificó la resolución de “intento deliberado de desestabilización” y dijo que el gobierno “no cooperará con mecanismo alguno que se le imponga”. Un grupo de países africanos en el consejo respaldaron su posición en un comunicado.
“Después de tantos años, el multilateralismo es saboteado por una mentalidad neocolonialista”, dijo el embajador. “Etiopía es blanco de ataques en el Consejo de Derechos Humanos por defender a un gobierno democráticamente elegido. Se usa al consejo como instrumento de presión política”.
Añadió que el gobierno etíope ha creado una “comisión interministerial” en respuesta al informe sobre derechos humanos del mes pasado y que esta ha empezado a funcionar.
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La periodista de The Associated Press Cara Anna en Nairobi, Kenia, contribuyó para este despacho
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