Guatemala: queman casas de campesinos en violento desalojo

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Organizaciones de campesinos y de Derechos Humanos de Guatemala denunciaron el miércoles un violento desalojo de indígenas de una comunidad en El Estor, departamento de Izabal, al noreste del país.

El desalojo ocurrió la tarde del martes y al parecer personas vestidas de civiles acompañadas de policías quemaron las casas de los campesinos que reclaman la propiedad de la tierra.

La comunidad Chinebal, de poco menos de 100 familias, se había asentado en una finca que es propiedad de una empresa que cultiva palma africana y reclaman la tierra por haber sido despojados de ella durante el conflicto armado (1960-1996).

Videos que se viralizaron muestran cómo hombres rocían con un líquido las humildes viviendas de madera y lámina y les prenden fuego. En el lugar también utilizaron tractores para destruir hogares.

Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo a The Associated Press que por lo menos otras siete comunidades se encuentran en la misma situación y corren el riesgo de enfrentar un violento desalojo.

“Es un conjunto de comunidades que se instalaron allí luego de que durante la guerra sus propiedades fueran expropiadas por terratenientes de esa finca”, dijo Pascual. “Lo que hicieron es que tenían una finca allí y la ampliaron cuando la gente se fue huyendo, luego lo registraron falsamente como propias, tenemos evidencia de esto”.

“Un juez cuando ordena un desalojo no ordena que les quemen sus pertenencias, eso es un delito, les quemaron todo, enceres, granos que guardaban, sus ropas”, añadió Pascual. “Fue como en la guerra cuando arrasaban con las comunidades”.

El Estor se mantiene bajo un estado de sitio impuesto por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, ordenado para proteger las actividades de una planta procesadora de níquel que operaba en el lugar en su mayoría de capital suizo.

La mina Fénix, que colinda con la planta procesadora, fue suspendida por una orden judicial debido que operaba sin que se haya consultado a las comunidades sobre sus operaciones. Esos grupos han denunciado que la mina sigue operando, lo que generó protestas y el bloqueo de carreteras, por lo que Giammattei ordenó el estado de sitio para que la planta siga trabajando.

Pascual dijo que solicitaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los pobladores y frenar el cese de la violencia y de la vulneración a sus derechos.