Jueces de El Salvador se manifestaron este martes en las calles de la capital para pedir la derogación de una ley que les ordena el retiro obligatorio al cumplir 60 años o después de 30 años de servicio.
Los manifestantes salieron de la plaza El Salvador del Mundo, en el sector oeste de San Salvador, y se dirigieron hacia la Asamblea Legislativa, en el centro, donde entregaron su pliego de peticiones a diputados opositores.
"Los jueces, magistrados y empleados del Órgano Judicial de la república de El Salvador, exigimos al presidente de la república, Nayib Bukele, vete el decreto de reformas a la ley de la carrera judicial y a la Asamblea Legislativa lo derogue por ser inconstitucional", rezaba una gigantesca pancarta.
El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, reformó dos leyes que permitirán enviar a retiro a jueces mayores de 60 años.
También el parlamento reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para retirar a los fiscales mayores de 60 años.
Los jueces, en cambio, consideran el decreto una "purga", en virtud que ya "existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces".
En nombre de los administradores de justicia, Juan Antonio Durán informó que unos 260 jueces, casi un tercio de los existentes, saldrían afectados con la ley de retiro.
"Vamos a defender la independencia judicial, vamos a defender la Constitución de la república, no queremos jueces a la carta, corruptos", manifestó por medio de un megáfono.
"Queremos pedirle a la comunidad internacional que nos apoye, así como nos acompañó durante el conflicto armado", dijo en referencia a la guerra civil de 1980-1992. "Les pedimos auxilio para que ayuden a los jueces (y) a la separación de poderes".
Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados indicaron en un comunicado que "rechazan" las reformas contra jueces y fiscales.
Para la CIDH y el relator de la ONU los decretos contra jueces y fiscales "afectan severamente el principio de la separación de poderes e independencia judicial de los órganos de justicia".
El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo destituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. De inmediato nombró a nuevos funcionarios
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