San Francisco (EE.UU.), 2 ago (EFE).- Millones de inquilinos estadounidenses se exponen a ser desahuciados desde este lunes tras el vencimiento durante el fin de semana de la prohibición federal a los desalojos, aunque previsiblemente el impacto será progresivo y variará por estado.
Tras once meses de prohibición por la pandemia, hoy es el primer día laborable en que los propietarios ya pueden tramitar peticiones de desahucio de aquellos inquilinos que no paguen el alquiler, una situación que tanto la Casa Blanca como los demócratas del Congreso dijeron que querían evitar.
Según las estimaciones más recientes de la organización sin ánimo de lucro Aspen Institute, más de 6,5 millones de hogares en Estados Unidos (en los que viven alrededor de 15 millones de personas) acumulan retrasos en sus pagos del alquiler, lo que los convierte en potenciales víctimas de desalojos.
Sin embargo, a efectos prácticos es previsible que esta cifra termine siendo mucho más baja, puesto que no todos los inquilinos con retrasos en el pago serán desahuciados y la prohibición de desalojar sigue vigente mediante ordenanzas locales en algunos de los estados más poblados del país como California, Nueva York y Nueva Jersey.
Además, el Gobierno ha puesto a disposición de los estados y ciudades un fondo dotado con 46.500 millones de dólares para que los repartan entre las personas que están teniendo dificultades para pagar el alquiler, aunque el despliegue de estos recursos está siendo muy lento por las dificultades burocráticas.
Pese a todo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo un llamamiento directo este lunes al presidente del país, Joe Biden, para que vuelva a imponer la prohibición a los desahucios a nivel federal.
"Pido a la Administración que extienda inmediatamente la moratoria contra los desalojos. El virus todavía es una amenaza y la extensión de la moratoria se basa en la salud pública y la variante delta de la covid-19. Es un imperativo moral", escribió Pelosi en su cuenta de Twitter.
La moratoria fue emitida en septiembre de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que prohibieron los desahucios alegando que estos representaban un riesgo sanitario en plena pandemia.
A finales de junio -fecha en la que vencía la orden original-, los CDC lograron extenderla hasta el 31 de julio, pero el Tribunal Supremo emitió un fallo en que indicó que "sería necesaria una autorización clara y específica del Congreso" mediante una nueva legislación para volver a renovarla.
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