Por Hugh Bronstein y Maximilian Heath
BUENOS AIRES, 8 jun (Reuters) -El comercio internacional de granos y derivados de Argentina se veía afectado el martes por una huelga de siete horas del sindicato de trabajadores de aduana, que reclaman prioridad en la vacunación contra el COVID-19.
La protesta la realizaba el Sindicato Único del Personal Aduanero de Argentina (SUPARA), que dijo que podría realizar más medidas de fuerza y se sumó al reclamo de otros gremios que piden ser vacunados en medio de la segunda ola de coronavirus, que en el país ha dejado más de 80.000 muertos.
"La medida comenzó a las 10 de la mañana, estamos recibiendo los informes de los compañeros (...) y obviamente va a resentir todo lo que es la tarea habitual del trabajo del comercio exterior", dijo a Reuters Marcelo Bisurgi, vocero de SUPARA, que destacó que terminales portuarias y aeropuertos se veían afectados.
El gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), Guillermo Wade, señaló que la huelga de los trabajadores de aduana "está afectando a todas las operaciones de importación y de exportación".
Argentina es un exportador mundial líder de alimentos y la medida de fuerza se produce en un momento de intensa actividad en los puertos del país, cuyos agricultores están finalizando la recolección de soja e intensificando la del maíz.
"Estamos en el pico de la temporada de recolección y de un enorme programa de exportación, así que cualquier interrupción en las actividades implica costos más altos", dijo Luis Zubizarreta, titular de la Cámara de Puertos Privados Comerciales.
El vocero de SUPARA señaló que el gremio solo necesita alrededor de 3.000 vacunas para solucionar gran parte del problema, cuya aplicación se negocia entre las autoridades de aduana y el Ministerio de Salud.
"Nosotros no podemos seguir supeditados a que todavía estén analizando a ver qué se resuelve", dijo Bisurgi. "Si no tenemos una solución, tenemos pensado continuar intensificando medidas y acciones hasta que por lo menos tengamos alguna respuesta concreta", agregó.
El país sudamericano, de cerca de 45 millones de habitantes, ha registrado un total de 3,98 millones de casos de COVID-19.
Sin embargo, en el último mes se intensificó el arribo de vacunas y el Gobierno argentino lleva distribuido un total de 17,9 millones de dosis, lo que ha impulsado a distintos sindicatos de actividades económicas clave del país a pedir ser incluidos como prioritarios para ser inoculados.
La semana pasada, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), un poderoso gremio de trabajadores del polo agroindustrial ubicado al norte de la ciudad de Rosario, advirtió que harían una medida de fuerza si a partir del miércoles no comenzaban a vacunar a sus miembros.
Sin embargo, una reunión de SOEA con compañías de molienda y funcionarios nacionales realizada el lunes destrabó el conflicto.
"Por ahora no hay ninguna medida; vamos a trabajar con la provincia (de Santa Fe, donde está el polo agroindustrial) y veremos cómo seguimos", dijo a Reuters Daniel Succi, secretario gremial de SOEA.
(Reporte de Hugh Bronstein y Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)
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