Acuerdo político en la UE para reforzar transparencia fiscal de multinacionales

Los eurodiputados y el Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), alcanzaron un acuerdo político este martes para reforzar la transparencia fiscal de las multinacionales, en medio de una creciente presión internacional a favor de subirles los impuestos.

El acuerdo sobre una nueva directiva, fruto de una propuesta de la Comisión Europea presentada en 2016, prevé que las multinacionales que facturen anualmente más de 750 millones de euros (910 millones de dólares) se vean obligadas a declarar sus beneficios, el número de empleados y el montante de sus impuestos en cada uno de los países de la UE en los que operan, así como en las jurisdicciones incluidas en la lista negra de paraísos fiscales de la UE.

Esta obligación de "información pública país por país" fue aplaudida por la presidencia portuguesa del Consejo y por varios grupos políticos del Parlamento Europeo, como los socialdemócratas y los Verdes, que lo consideran un paso importante hacia una mayor justicia fiscal. Pero muchas oenegés y la izquierda radical la han criticado.

El acuerdo aún tiene que ser aprobado formalmente por los eurodiputados en sesión plenaria y por el Consejo Europeo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya propuso también fijar una tasa impositiva de al menos 15% a los beneficios de las multinacionales en todo el mundo.

La directiva europea fue sugerida en reacción a una serie de escándalos fiscales internacionales, como los LuxLeaks y los Papeles de Panamá, pero durante cinco años estuvo bloqueada por varios Estados miembros, como Luxemburgo e Irlanda.

"Ahora que nuestros ciudadanos se esfuerzan por superar los efectos de la pandemia, es más crucial que nunca exigir una transparencia financiera real", comentó el ministro portugués de Economía, Pedro Siza Vieira, evaluando en 50.000 millones de euros (61.000 millones de dólares) anuales las pérdidas en ingresos en la UE por la evasión fiscal.

"La transparencia es una herramienta indispensable y poderosa para combatir el flagelo de la evasión fiscal. Por lo tanto, el acuerdo alcanzado hoy constituye un gran avance", estimó el eurodiputado de los Verdes Damien Carême, quien lamentó no obstante la introducción de una "cláusula de salvaguardia" que podría permitir a algunas empresas eludir sus obligaciones de declaración.

La izquierda radical denunció un "acuerdo con descuento" porque "restringe la aplicación de la información pública a (...) sólo 46 países, o sea menos del 20% de las jurisdicciones del mundo".

Varias oenegés, como Oxfam, Attac, Anticor, Sherpa o Transparencia Internacional, denunciaron "un verdadero fracaso".

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