La prestigiosa consultora McKinsey acordó pagar 573 millones de dólares para resolver demandas en Estados Unidos que la acusan de haber contribuido a la crisis de los opioides a través de su asesoramiento a grupos farmacéuticos como Purdue Pharma, fabricante del Oxycontin.
Los términos del acuerdo, anunciado el jueves por la procuradora de Nueva York, Letitia James, indican que McKinsey no ha reconocido ni desestimado las acusaciones en su contra, posición que le permite al grupo evitar que terceros puedan demandarlo.
Sin embargo, McKinsey ha cooperado con estados como Nueva York, California, Connecticut, Colorado y Oregón.
"Las tácticas de marketing deliberadas y cínicas de McKinsey ayudaron a impulsar la crisis de los opioides al ayudar a Purdue Pharma a dirigirse a los médicos que sabían que estaban prescribiendo opiáceos en exceso", señaló James.
McKinsey asesoró a Purdue Pharma, que se declaró culpable el año pasado en este caso, para ayudarlo a impulsar las ventas, según los investigadores del estado de Nueva York.
Recomendó que el grupo farmacéutico se concentrara en las dosis altas consideradas más lucrativas, según los documentos judiciales.
Este acuerdo, celebrado con 47 estados estadounidenses y el Distrito de Columbia, que incluye Washington, aún debe ser validado por un juez según lo exige el sistema de justicia estadounidense.
"Lamentamos profundamente no haber reconocido adecuadamente las trágicas consecuencias de la epidemia en nuestras comunidades. Con este acuerdo esperamos ser parte de la solución a la crisis de opioides en Estados Unidos", dijo Kevin Sneader, socio gerente global de la consultora.
McKinsey también informó el jueves que había despedido a dos empleados por destruir documentos en este caso.
Además de la sanción pecuniaria, McKinsey también aceptó restricciones futuras sobre el alcance de su actividad: la firma ya no aceptará asesorar a una firma en el desarrollo, fabricación, promoción, comercialización, venta o uso de un opiáceo o narcótico.
Casi medio millón de estadounidenses murieron por sobredosis causadas por opiáceos recetados y vendidos ilegalmente entre 1999 y 2018, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
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