Setenta y dos países denuncian en la ONU las sanciones de EEUU contra la CPI

A pedido de Alemania, 72 países, Estados parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI), denunciaron este lunes, en una declaración común en la ONU, las recientes sanciones estadounidenses contra dos de sus miembros.

"Reafirmamos nuestro apoyo indefectible a la Corte como institución judicial independiente e imparcial", afirmaron los firmantes de esa declaración leída ante la Asamblea General de la ONU.

Entre ellos figuran países de todos los continentes, incluidos aliados tradicionales de Estados Unidos, como Australia, Canadá, Reino Unido o Francia.

Los firmantes quieren "preservar la integridad y la independencia (de la CPI) sin ser desalentados por medidas o amenazas contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella".

"Las sanciones son una herramienta contra los responsables de delitos más graves y no contra quienes reclaman justicia", añadieron, rechazando "todo intento de minar la independencia de la Corte".

En un comunicado, Richard Dicker, de la ONG Human Rights Watch, celebró ese "rechazo categórico del uso sin precedentes de las sanciones por Washington".

Según él, "esa declaración (...) dice claramente y fuertemente a la administración estadounidense: 'es nuestra Corte, absténganse' de intervenir.

A principios de septiembre, Estados Unidos impuso sanciones económicas inéditas a Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, y a Phakiso Mochochoko, director de su división de la competencia, la complementariedad y de la cooperación.

La institución con sede en La Haya, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades en el mundo, autorizó en marzo la apertura de una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Afganistán, que incluyen abusos cometidos por soldados estadounidenses y miembros de la CIA.

Ante la Asamblea General, el embajador estadounidense adjunto de Estados Unidos, Richard Mills, reafirmó la "objeción de principio (de su país) ante cualquier intento de la CPI de ejercer su competencia sobre ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma, incluidos Estados Unidos e Israel, en ausencia de una petición de pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU o del consentimiento de semejante Estado".

Con su postura, "el gobierno estadounidense busca proteger al personal estadounidense ante las acciones judiciales injustas e ilegítimas de la CPI, que amenaza la soberanía de Estados Unidos", añadió Mills.

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