Un juzgado de El Salvador ordenó este martes embargar en 227,5 millones de dólares a la empresa italiana ASTALDI, implicada en un caso de corrupción en la construcción de una presa en el que está involucrado el expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
El juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador decidió en una resolución "procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI S.P.A. siendo su presidente Paolo Astaldi en dicho país".
El pedido de embargo fue formulado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que actúa como parte querellante en un proceso por corrupción en la edificación de la presa hidroeléctrica El Chaparral.
La represa, renombrada por el gobierno actual como Central 3 de Febrero, continúa en construcción.
El caso remonta al 26 de septiembre de 2008, cuando la CEL y ASTALDI acordaron levantar la presa El Chaparral, por un monto de 219,9 millones de dólares.
La Fiscalía suspendió la obra tras evaluar que la compañía había incumplido el contrato con diversos atrasos.
ASTALDI respondió aduciendo fallas geológicas en el área de la presa, elevando los costos de construcción y demandando un arbitraje internacional.
Según el Ministerio Público, para evitar el arbitraje y anular el contrato con la firma italiana, el gobierno de Funes ordenó en 2012 el pagó de 108 millones de dólares, y la compañía dejó inconclusa la obra.
El presidente de la CEL, Daniel Álvarez, explicó que los 227 millones de dólares del embargo abarcan unos 111,5 millones de dólares "por daño emergente" a la Comisión, así como 54,7 millones por concepto de intereses que la institución debió pagar por préstamos que contrajo para la construcción.
El juzgado también ordenó un embargo preventivo de bienes de Mario Federico Pieragostini Maiocchi (representante de ASTALDI) y el expresidente de la CEL José Leopoldo Samour, también involucrados en el caso.
Funes, que se encuentra en Nicaragua, en donde recibió asilo y luego la ciudadanía, es acusado por la Fiscalía de lavado de dinero, incitación de peculado y agrupaciones ilícitas en el caso de El Chaparral.
De acuerdo a la Fiscalía, Funes habría recibido "dádivas" por al menos 3,5 millones de dólares tras negociar la anulación del contrato con ASTALDI.
ob/dg
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