Organizaciones sociales de Guatemala pidieron este lunes a la máxima instancia judicial del país dejar sin efecto el estado de sitio declarado por el gobierno en cinco municipios del noreste, al considerar que busca militarizar la zona y perseguir a los movimientos opositores a megaproyectos.
Los activistas solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) frenar el acuerdo emitido el domingo por el presidente Alejandro Giammattei, que restringe varios derechos constitucionales en los poblados de El Estor, Morales, Livingston (departamento de Izabal), y Panzós y Santa Catarina La Tinta (departamento de Alta Verapaz), la mayoría de presencia indígena.
"Rechazamos toda acción injustificada de militarización y de represión contra los pueblos", señalaron en un comunicado las organizaciones Asamblea Social y Popular, Asociación de Estudiantes Universitarios y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
La disposición de Giammattei restringe derechos constitucionales como la libertad de movimientos, porte de armas y a manifestarse, y permite las detenciones e interrogatorios sin justificación.
Fue impuesta por 30 días al considerar que existen grupos armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico que provocan violencia en la región, entre estos, según el gobierno, dirigidos por extranjeros y exmiembros de las guerrillas que combatieron al Ejército durante la guerra civil (1960-1996).
Las fuerzas de seguridad han informado de la destrucción en Livingston de 12.531 plantas de hoja de coca, materia prima de la cocaína.
"Es evidente que la imposición del estado de sitio no busca el restablecimiento del orden y erradicación de actividades ilícitas, sino la adecuación de los objetivos productivos, comerciales y económicos" de empresas de minería y palma africana que han provocado conflicto en la región, agregó el texto.
Los colectivos también pidieron al Congreso rechazar el estado de sitio.
Uno de los casos principales de la conflictividad social en esa región es la presencia de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ahora subsidiaria de la suiza Solway Investment Group.
La CC en junio pasado suspendió las operaciones de la minera al acoger el reclamo de grupos indígenas que alegan no fueron consultados sobre la explotación de minerales y que su funcionamiento provoca serios daños ambientales. La Corte ordenó realizar un referendo comunitario.
hma/mas/gfe
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