Cuatro senadores republicanos presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca limitar la protección legal de las grandes plataformas de internet, una propuesta que llega en medio de una creciente batalla política contra las redes sociales.
El senador republicano Josh Hawley dijo que, de ser aprobado, el texto "da a los usuarios el derecho a una demanda legal si las plataformas aplican sus reglas de utilización de forma injusta o desigual".
La propuesta llega semanas después de que el presidente Donald Trump acusó a las redes de eliminar las voces políticas conservadoras y firmó un decreto que podría retirar el escudo legal que protege a los servicios en línea del contenido publicado en sus plataformas por terceros, a pesar de las dudas sobre si se puede hacer cumplir efectivamente.
El proyecto de Hawley, presentado en conjunto con los también republicanos Marco Rubio, Tom Cotton y Mike Braun, cambia el mecanismo de protección legal para los servicios en línea, la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, en caso que omitan actuar "de buena fe" en la moderación de los contenidos publicados en sus plataformas.
La legislación y el decreto derivan de las acusaciones de Trump y sus aliados sobre el sesgo de las plataformas sociales, a pesar de que el presidente cuenta con un gran número de seguidores en Twitter y otras plataformas.
"Las grandes compañías tecnológicas como Twitter, Google y Facebook han utilizado su poder para silenciar el discurso político de los conservadores sin ningún recurso para los usuarios", dijo Hawley en un comunicado.
"El Congreso debería actuar para asegurar que malos actores no obtienen un pase libre para censurar y silenciar a sus oponentes", agregó.
Activistas y especialistas legales sostienen que esa Sección 230 es la piedra angular de una internet abierta, porque permite a las empresas alojar contenido de terceros sin temor a que se lleven adelante acciones judiciales en su contra.
Algunos analistas consideran que los esfuerzos por regular las redes sociales podrían significar una imposición de límites inconstitucionales a la libre expresión, según la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Además, el texto podría abrir la puerta a "un número infinito de juicios" contra las empresas de internet por la vaga definición de las acciones de buena fe.
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