De narcos a familias ricas, los fraudes en las ayudas del COVID-19 en Brasil

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Una persona limpia la placa del Banco da Caixa Economica Federal el 9 de abril de 2020 en Brasilia (Brasil). EFE/ Joédson Alves/Archivo
Una persona limpia la placa del Banco da Caixa Economica Federal el 9 de abril de 2020 en Brasilia (Brasil). EFE/ Joédson Alves/Archivo

Sao Paulo, 4 jun (EFE).- Narcotraficantes, ladrones, familias de clase alta y hasta brasileños que viven en el extranjero figuran entre los beneficiarios por error del subsidio que el Gobierno de Jair Bolsonaro proporciona a los más vulnerables para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus.
Desde que en abril se empezó a distribuir esta ayuda de 600 reales (120 dólares) destinada a trabajadores informales -que representan casi el 40 % de la población activa-, autónomos de bajos ingresos y desempleados por la pandemia, han salido a la luz diversas irregularidades.
Según los últimos datos oficiales, cerca de 60 millones de personas ya han recibido esta prestación, lo que ha supuesto hasta la fecha un desembolso de 76.600 millones de reales (15.050 millones de dólares).
Pero un informe elaborado por técnicos del Tribunal de Cuentas alerta de que 8,1 millones de brasileños pueden estar recibiendo el auxilio cuando en realidad no les corresponde, mientras que otros 2,3 millones que sí tendrían derecho de recibir el llamado "coronavoucher" pueden haber sido excluidas.
Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de contagios (casi 600.000), solo por detrás de Estados Unidos, y cuarto en fallecidos (más de 32.500).
SUBSIDIO PARA ALGUNOS DE LOS CRIMINALES MÁS BUSCADOS DE BRASIL
Los problemas técnicos para distribuir un subsidio aprobado de forma exprés en este país de 210 millones de habitantes han sido grandes.
El Ministerio de la Ciudadanía lo puso en marcha en colaboración con la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil, pero el cruce de datos para garantizar la legitimidad de los beneficiarios no ha sido del todo efectivo.
Un estudio de la Contraloría General de la Unión (CGU), obtenido por el programa "Fantástico" de la cadena Globo, apunta que más de 27.000 prófugos tuvieron su solicitud aprobada, entre ellos 11 de los 22 criminales más buscados del país, según una lista del Ministerio de Justicia.
Entre los beneficiados se encuentra Willian Alves Moscardini, alias "Baixinho", sospechoso de participar en el atraco a la sede de la empresa española de seguridad Prosegur en Ciudad del Este (Paraguay), ocurrido en 2017 y donde se calcula que robaron 12 millones de dólares.
Según consta en los registros de la Caixa Económica, a Moscardini ya le han concedido las dos primeras parcelas.
Las mismas que ha recibido, según la plataforma, Alvaro Daniel Roberto, alias "Caipira", uno de los mayores narcotraficantes de Brasil y que, según las autoridades brasileñas, tenía vínculos con el capo colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", exlíder cartel del Norte del Valle y extraditado a Estados Unidos desde Brasil en 2008.
En Rondonia, fronterizo con Bolivia, la Policía detuvo el martes a once personas que habían pedido la ayuda y sobre las que pesaban órdenes de prisión por delitos graves, como homicidio, violación y tráfico de drogas.
Entre los arrestados había también integrantes de facciones. "Uno de ellos está vinculado al Comando Vermelho (CV)", una de las organizaciones criminales más poderosas del país, afirmó a Efe uno de los comisarios que participaron en la operación.
Otro operativo similar fue lanzado en la víspera en el estado de Paraná (sur) y terminó con la prisión de casi un centenar de fugitivos.
OTROS BENEFICIADOS: RICOS, MILITARES Y BRASILEÑOS EN EL EXTERIOR
Uno de los requisitos para recibir la prestación es tener unos ingresos per capita de hasta 522,5 reales (102,5 dólares) o una renta familiar de hasta 3.135 reales (615 dólares) al mes.
No obstante, un sondeo elaborado por el Instituto Locomotiva a partir de entrevistas telefónicas a 2.006 personas de 72 ciudades de Brasil, mostró que un tercio de las familias más ricas también solicitaron el auxilio y al 69 % de estas se lo otorgaron.
Aquellos encuadrados en las clases "A" y "B" representan aproximadamente el 25 % de la población del país.
Estas familias consideran que "no están haciendo nada malo. Dicen que la crisis es para todos, que pagan muchos impuestos y que es una oportunidad de obtener alguna cosa del Gobierno. Es muy triste", explicó a Efe Renato Meirelles, presidente del Instituto Locomotiva.
Según Meirelles, los datos evidencian que el Gobierno "no está cruzando los datos" fiscales de los solicitantes.
Pero no son los únicos. En mayo, el Ministerio de Defensa denunció que 73.200 militares de las Fuerzas Armadas recibieron el auxilio por el COVID-19 indebidamente y se comprometió a que los valores defraudados serían restituidos.
Por otro lado, la Controlaría también investiga cientos de denuncias de brasileños que viven en el extranjero y que presuntamente han recibido el subsidio, lo que no está permitido. También se sospecha que se han aprobado solicitudes con datos de fallecidos.
La Caixa Económica Federal dijo a Efe en una nota que solo se encarga de realizar los pagos y que "no participa ni interfiere en el proceso de evaluación de los criterios de elección".
El Gobierno señaló que denunciará cualquier "indicio de ilegalidad" y que los defraudadores tendrán que devolver el dinero.
Carlos Meneses Sánchez