Un juez de Florida declaró este domingo inconstitucionales los obstáculos financieros impuestos a los exconvictos para que puedan registrarse para votar en Florida, un estado pendular clave en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
La decisión abre la vía para que potencialmente cientos de miles de exconvictos puedan decidir si el presidente Donald Trump tendrá un segundo mandato, lo cual marcaría un cambio notable en el electorado de un estado donde los resultados suelen acaban con márgenes muy estrechos.
En su fallo, el juez federal Robert Hinkle, del distrito norte de Florida, anula partes de una ley aprobada por legisladores republicanos el año pasado que exige a los exconvictos pagar todas sus multas y deudas en tribunales antes de poder registrarse para votar.
Pagar tales deudas es difícil, si no imposible, para muchos exconvictos, que tienden a ser negros, hispanos y pobres.
Hinkle dijo que "el sistema es inconstitucional aplicado a individuos que de otra forma son elegibles para votar, pero que genuinamente son incapaces de pagar el monto requerido", según documentos judiciales.
El juicio por teleconferencia, que terminó el 6 de mayo, fue entablado por 17 demandantes representados por organizaciones de derechos humanos, pero el fallo es aplicable a todos los exconvictos.
El juez lo calificó además como un método "de pago-por-votar" que afecta a casi un millón de ciudadanos.
El gobernador republicano Ron DeSantis puede apelar la decisión.
Los llamados "ciudadanos retornados" de Florida habían ganado el derecho al voto sin condiciones en un referendo en 2018, cuando una cómoda mayoría de electores floridianos votó a favor de la "Enmienda 4".
Esta enmienda reparaba una racista ley de Florida que databa de 150 años atrás y que impedía el voto para siempre a los exconvictos, aún después de que hubieran pagado su deuda con la sociedad. Aquella ley había sido diseñada originalmente con el objetivo de evitar que las personas negras votaran.
En Florida, 10% de la población adulta -incluyendo uno de cada cinco afroestadounidenses- no podía votar por esta restricción que databa del período posterior a la Guerra Civil.
La "Enmienda 4" restituyó este derecho a cerca de un millón de personas, excepto a los que fueron condenados por asesinatos o crímenes sexuales.
- Cientos de miles de votantes -
Sin embargo, tras la aprobación de la Enmienda 4, DeSantis firmó la nueva ley que imponía los límites financieros a su implementación.
Tras ese ajuste, más de 774.000 exconvictos perdieron la posibilidad de registrarse para votar en las elecciones de noviembre porque mantienen deudas financieras con el estado.
Daniel Tilley, director legal de la asociación de derechos humanos ACLU en Florida, dijo que el ajuste firmado por el gobernador perpetuaba el racismo en el estado.
"La Constitución es clara. El voto no puede depender de la riqueza", escribió en un comunicado. "Debería alarmar a los floridianos que haya personas en los niveles más altos del poder político en nuestro estado que lucharon para mantener a Florida atada a su pasado racista".
"Nos complace que la corte haya visto eso y haya rechazado este esquema abiertamente discriminatorio de supresión de votantes", prosiguió.
El voto de posiblemente cientos de miles de personas es clave en Florida porque este estado es conocido por mantener en vilo a todo el país durante las jornadas electorales.
En primer lugar, porque es un estado con peso en el complicado sistema electoral estadounidense y su decisión suele determinar quién vivirá en la Casa Blanca.
En segundo lugar, porque las votaciones se deciden por diferencias mínimas y son frecuentes los recuentos.
En el año 2000, el luego presidente George W. Bush ganó Florida contra el demócrata Al Gore con una cuestionada diferencia de 537 votos. Más recientemente, el ahora senador republicano Rick Scott ganó el escaño ante el demócrata Bill Nelson con 0,13% de diferencia.
lm/dga
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