LA HAYA, Holanda (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional autorizaron el jueves una investigación más profunda sobre presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por fuerzas del gobierno afgano, el talibán, tropas estadounidenses y agentes de inteligencia de Estados Unidos.
El fallo de apelación representa la primera vez que el fiscal de la corte recibe autorización para investigar a las fuerzas militares estadounidenses y ubica al tribunal mundial en camino a un choque con el gobierno del presidente Donald Trump.
Washington, que desde hace mucho rechaza la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se rehúsa a cooperar con él, condenó la decisión, pero abogados de las víctimas y grupos a favor de los derechos humanos la aplaudieron.
“Esta es una medida verdaderamente descarada de parte de una institución política no responsable que se hace pasar por un órgano político”, indicó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en un comunicado del Departamento de Estado. “Resulta más insensato que este fallo se dé pocos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz sobre Afganistán, que es la mejor oportunidad de paz en una generación”.
Sus declaraciones reflejan el recelo que desde hace mucho tiempo tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la Corte Penal Internacional. En 2018, el entonces asesor de seguridad nacional John Bolton manifestó que la corte creada en 2002 para procesar atrocidades en todo el mundo "amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.
Un panel de apelaciones conformado por cinco jueces ratificó una apelación de la fiscalía contra un rechazo de la cámara que analiza los casos previos a juicio en abril del año pasado hacia la petición de la fiscal Fatou Bensouda para abrir una investigación en Afganistán.
Si bien reconocieron que se habían cometido crímenes de manera generalizada en Afganistán, los jueves de vista previa habían determinado que una pesquisa no estaría en los intereses de la justicia dado que la esperada falta de cooperación haría poco probable que se llegara a emitir condenas.
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