CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En octubre de 2018, tres meses después de ganar la elección presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo lanzaron a las calles a un ejército de unos 18.000 voluntarios con una misión inédita para alguien que aún no había asumido el cargo: recabar la información personal de los ciudadanos que serían beneficiados con algún programa social una vez que comenzara a gobernar.

A ese ejercicio se le llamó “Censo de Bienestar” y los voluntarios fueron nombrados “servidores de la nación”, quienes ahora son parte del gobierno y dan seguimiento a la entrega de ayudas económicas. Su labor ha estado bajo el escrutinio de los críticos que consideran todo es parte de un esquema de apoyo político para el presidente.

López Obrador ha negado cualquier irregularidad u operación política de los servidores para beneficiar a su gobierno o a Morena, el partido que fundó y que lo llevó a la presidencia. Una de las promesas permanentes del mandatario es combatir la corrupción y eliminar cualquier práctica irregular como parte de la que llama la “Cuarta Transformación” del país.

Pero el 27 de diciembre, tras una investigación, las autoridades electorales concluyeron que un grupo de esos “servidores” sí había violado la ley al promover al presidente en la entrega de los programas sociales, algo prohibido por la Constitución mexicana.

El fallo de las autoridades electorales eximió de responsabilidad a López Obrador y a integrantes de su gabinete y sólo se sancionará a coordinadores estatales y regionales de los “servidores”.

El fallo, sin embargo, no ha tranquilizado a los críticos del mandatario, quienes argumentan que las autoridades no indagaron todo lo que debían. Camerino Márquez, del opositor Partido de la Revolución Democrática y el que denunció ante el órgano electoral el programa, dijo que apelará el fallo y pedirá que se rehaga la investigación.

Para algunos expertos, eran evidente las irregularidades.

“Desde mi punto de vista, cuando comenzaron a recabarse los datos personales de los ciudadanos fue algo ilegal, porque en el periodo de transición aún no eran gobierno y después, cuando ya eran gobierno, continuaron usando chalecos y gorras con el nombre de López Obrador, aunque era promoción personalizada”, dijo a The Associated Press María Amparo Casar, analista y presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción.

Un análisis hecho por la AP a partir de las listas de los “servidores” detectó que casi una cuarta parte de los 18.000 están afiliados a algún partido político o formaron parte de su estructura electoral, sobre todo de Morena.

La revisión se hizo con programas estadísticos para cruzar la base de datos de los servidores, entregada a la AP por la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, con los padrones de militantes de los partidos políticos. Lo mismo se hizo con el listado de representantes generales y de casilla para la elección presidencial de 2018, el cual fue entregado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La ley no prohíbe a la gente que trabaja para el gobierno ser militante de algún partido, sin embargo, algunos analistas y expertos en la aplicación de programas sociales consideran que existe un riesgo de que la gente con una afinidad política busque algún beneficio para su organización o líderes.

“Hay muchos vacíos legales”, dijo Casar.

La constitución señala que al hacer propaganda oficial no se pueden incluir nombres, imágenes ni símbolos que conlleven a la promoción de algún servidor público.

Actualmente, los servidores no sólo recopilan información, sino que también entregan a los beneficiarios de programas sociales tarjetas de débito en las que se depositan los apoyos económicos. Y según algunos videos que forman parte de la investigación, y a los que AP tuvo acceso, cuando llegan con las personas beneficiadas algunos servidores les dicen que están ahí “de parte del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a hacer entrega de un apoyo para su familia”.

Algunos de los beneficiados son los adultos mayores que reciben 1.275 pesos mensuales (unos 67 dólares) y personas con discapacidad, a quienes les dan 2.250 pesos bimestrales (unos 118 dólares).

En la historia reciente, diversos gobiernos a nivel federal y estatal han sido señalados de utilizar los programas sociales con fines políticos y electorales, algo que todos han negado, incluido ahora el mismo López Obrador.

El encargado de la operación de los “servidores de la nación” es Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, área que responde directamente al presidente.

Bajo el mando de García Hernández hay 32 delegados estatales que a su vez tienen a sus órdenes un total de 266 delegados regionales que supervisan el trabajo de la gente que acude a los domicilios.

“Los delegados estatales, también conocidos como ‘superdelegados’, controlan a los ‘servidores de la nación’ y, obviamente, tienen aspiraciones políticas”, dijo Camerino Márquez, representante del PRD ante el INE y quien presentó la denuncia por la supuesta promoción a favor de López Obrador. Como ejemplo recordó el caso de Jaime Bonilla, quien fue delegado del estado de Baja California, en el noroeste del país, y después se convirtió en el candidato de Morena que ganó la elección para gobernador.

Antes de trabajar para la presidencia, García Hernández se desempeñaba como Secretario de Organización de Morena y tenía a su cargo la operación política del partido en todo el país.

El número de “servidores de la nación” ha variado desde el inicio de su operación, pero mes a mes oscila alrededor de los 18.000 funcionarios. Según el análisis realizado por la AP, al menos 4.328 son militantes de partidos -no sólo de Morena- o fueron representantes electorales del grupo político en el poder desde el 1 de julio de 2018.

El cruce de información entre la base de datos y los padrones se hizo por nombre, estados y municipios para tener mayor precisión.

Los resultados arrojaron que hay 2.275 militantes de partidos entre los “servidores de la nación”: 865 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 782 del PRD, en el cual militó López Obrador, y 710 de Morena. Salvo el partido minoritario Nueva Alianza, militantes de todos los demás partidos también aparecen en los registros.

Para Casar una explicación de que haya militantes de varios partidos es que luego del triunfo de López Obrador decidieron apoyarlo y sumarse como servidores, aunque no cambiaron su militancia en otro grupo político.

También se encontraron 1.662 servidores que fueron representantes electorales durante el día de la elección presidencial. De ellos, 1.344 vigilaron las casillas por parte de Morena y el resto fueron registrados por los demás partidos políticos.

Además, hay 391 servidores que están afiliados a un partido y, al mismo tiempo, representaron al mismo u otro partido el día de la elección presidencial en 2018. La mayoría fueron militantes de Morena, seguidos del PRI y PRD.

La AP solicitó a la Secretaría de Bienestar información sobre la operación de los “servidores de la nación” pero la derivaron a García Hernández.

Cuando se solicitó una entrevista con García Hernández a través del área de prensa de la presidencia, la respuesta fue que no era posible. “Lo siento, pero Gabriel no da entrevistas”, dijo Ana Duarte, funcionaria de comunicación social.

El área de prensa del partido Morena informó que no podía dar entrevistas sobre el tema, ya que es competencia del gobierno federal.

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El PRD presentó en agosto una denuncia ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Como parte de las pruebas, había fotografías de los servidores vistiendo chalecos o gorras con el nombre bordado de López Obrador. También entregó videos de los promotores diciendo a los ciudadanos que los programas llegaban a ellos gracias al presidente.

La AP tuvo acceso a 65 videos y más de 1.000 fotografías que forman parte del expediente analiza el INE.

“Buenos días, venimos de parte del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a hacer entrega de un apoyo para su familia... ¿Nos permite entrar a su casa? Somos ‘servidores de la nación’”.

El 16 de agosto, la comisión del INE ordenó medidas cautelares a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo para que esas conductas de los servidores se suspendieran de forma inmediata y, principalmente, se dejara “de señalar, sugerir o mencionar que dichos programas y sus beneficios” eran gracias al presidente.

Como parte de esta orden, López Obrador fue citado a comparecer el 27 de septiembre ante el INE. Sin embargo, declinó asistir y en su lugar envió una carta.

“Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos", se lee en el documento. "Les expreso que por convicción nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido como sucedía en los gobiernos anteriores", agregó.

Sobre la participación de militantes o exrepresentantes de casilla como servidores, la consejera del INE Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, dijo que los ciudadanos pueden ocupar ambos cargos mientras su labor como funcionarios públicos sea apegada a la ley y no haya un manejo irregular de la información personal que recopilan a favor de algún partido político.

Para algunos que han observado y analizado el tema, sin embargo, la figura de “servidores de la nación” fue creada con fines electorales para favorecer en última instancia al presidente.

Incide Social, una organización mexicana dedicada al análisis y evaluación de los programas sociales, considera que los “servidores de la nación” no pasaron por un proceso de reclutamiento que transparente su capacidad más allá de haber sido parte de la estructura electoral de Morena.

“Se necesita contar con personas con experiencia, conocimientos y capacidades técnicas en materia de política social. Sin embargo, no existe o hasta el momento no sean hecho públicos los perfiles de los ‘servidores de la nación’, ni los criterios por cuales fueron seleccionados. Y esto puede afectar el levantamiento de información y la entrega de apoyos a los beneficiarios, así como dar lugar a favoritismos, corrupción y mal uso de los recursos públicos”, dijo Sergio Martínez, de Incide Social.

De acuerdo con una respuesta de transparencia de la Secretaría de Bienestar, los delegados estatales o regionales son los encargados de entrevistar y contratar a los servidores sin ningún proceso de reclutamiento con mayores filtros.

A juicio del investigador, la distribución de las 266 coordinaciones regionales “parece tener fines electorales", ya que en su mayoría corresponden a los 300 distritos electorales del país. “Esto puede tener implicaciones negativas como la promoción personalizada en favor no sólo del presidente sino también de los coordinadores estatales y regionales, muchos de ellos con aspiraciones políticas, debido a que han ocupado puestos clave en la estructura partidaria de Morena o bien, han sido o aspiran a ser candidatos”.

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Como parte del presupuesto 2018, el Congreso mexicano aprobó poco más de 150 millones pesos (unos 7,6 millones de dólares) para la operación del fideicomiso de transición presidencial. Casi el 90% de ese dinero se fue en pagar a 18.021 funcionarios que participaron en el periodo de transición como “servidores de la nación”. A cada servidor se le hizo un pago de 7.354 pesos (unos 367 dólares).

El pago para todos los servidores se hizo a través de una filial de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la segunda televisora más importante en México, TV Azteca. El mismo consorcio, a través de Banco Azteca, es el encargado de emitir las tarjetas bancarias para los beneficiarios de los programas sociales federales. El gobierno mexicano eligió esta institución bancaria sin licitación de por medio, argumentando que tiene una amplia cobertura a nivel nacional.

Cuando inició el nuevo gobierno, el 1 de diciembre de 2018, los “servidores de la nación” que participaron en la transición fueron contratados por la Secretaría de Bienestar de manera directa, sin una convocatoria de por medio. Al menos 16.252 servidores que estuvieron en la transición entraron al gobierno como servidores, es decir, casi el 90%. Ya como funcionarios, ganan 9.266 pesos (unos 487 dólares).

María Enriqueta Cepeda y Diego Posadas, de Incide Social, explicaron que hay vacíos de información sobre la operación de los servidores.

“Un aspecto importante del censo es la prisa con la que se trató de hacer. Desde el periodo de transición se dijo que serían tres meses, luego que seis… No hay información clara sobre el avance. Y tampoco hay acceso, hasta ahora, a ninguno de los productos que salen del censo”, dijo Cepeda.

“Más allá del perfil político que tengan, no se sabe si los servidores están capacitados y eso puede repercutir en la calidad de la información que se levanta”, agregó Posadas.

La AP hizo solicitudes de transparencia a la Secretaría de Bienestar para conocer cómo es el proceso del levantamiento de información de los ciudadanos, cuál es el aviso de privacidad para proteger datos personales y solicitar copias de facturas de chalecos e insumos para los servidores, pero de manera reiterada se respondió que no había información al respecto.

Incide Social y el PRD coinciden en la falta de transparencia sobre el Censo de Bienestar y los “servidores de la nación”. Cada uno, de manera independiente, ha solicitado a Morena o al gobierno de López Obrador facturas o documentos y de manera persistente se ha dado la misma respuesta: es inexistente.