La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, firmó este miércoles una ley que mantiene las peleas de gallos en este territorio estadounidense, en desafío a una ley federal de Washington que las prohíbe.
La medida 2330 extiende por dos años las peleas de gallos en esta isla caribeña de 3,2 millones de habitantes, a pesar de que su prohibición iba a entrar en vigor el viernes.
"No estamos buscando una confrontación", dijo la gobernadora, "pero necesitamos que haya diálogo [con Washington], porque tenemos problemas mayores donde sí queremos que las agencias federales vengan y nos ayuden (...). En cambio, aquí lo que se está afectando es una industria, una cultura".
La nueva medida además prohíbe la importación y exportación de pollos y gallos para uso en las peleas. La intención de este inciso es que la práctica quede convertida en una industria exclusivamente local que no podría ser intervenida por el gobierno federal.
Al no haber comercio interestatal de animales, "no se afecta" la ley federal, explicó Vázquez.
La gobernadora comparó este caso con el de la marihuana, que es ilegal a nivel federal pero legal en muchos estados del país.
"Obviamente la decisión final [sobre la validez de la ley local] la tiene un tribunal. El que entienda que lo debe cuestionar que se vaya al tribunal y nosotros defenderemos las piezas legislativas", prosiguió la gobernadora.
La medida contradice la llamada "farm bill" de 2018, una ley firmada por el presidente Donald Trump que extiende a todos los territorios estadounidenses -Puerto Rico entre ellos- la prohibición de las peleas de gallos.
La gobernadora también firmó una resolución que les permite a ella y a la representante de Puerto Rico en el Congreso en Washington, Jenniffer González, cabildear para que se extienda por cinco años la moratoria de la prohibición federal.
Se esperaba que la prohibición de las peleas entrara en vigor a primera hora del viernes.
En Puerto Rico se estima que unas 20.000 personas tienen empleos relacionados directa o indirectamente con la industria. La gobernadora dijo que el erario recibe 120.000 dólares al año gracias a las peleas.
Diversas organizaciones relacionadas al llamado "Deporte de Caballeros" se han manifestado en contra de la "farm bill" en los últimos meses.
Incluso, El Club Gallístico de Puerto Rico radicó un recurso en el Tribunal Federal estadounidense, jurisdicción de San Juan, en el que buscaban protección a la industria a la que representan.
El juez federal Gustavo Gelpí falló en contra de la demanda.
"El Tribunal claramente entiende el impacto económico que tendría el prohibir las peleas de gallos. Sin embargo, sin ningún argumento válido legal, el Tribunal no puede actuar como un 'superlegislador' para enmendar o apelar el trabajo del Congreso (en Washington)", señaló el informe del juez Gelpí.
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