Guatemala puso en vigor este lunes una polémica reforma al Código Penal que permite reducir en hasta 50% las penas de cárcel incluidos los casos de corrupción, lo que, según analistas, fomentará la impunidad.
La reforma, publicada este lunes en el Diario Oficial, permite que los acusados en procesos penales puedan obtener una reducción de pena si aceptan los cargos que se le atribuyen.
El pasado 12 de noviembre, los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual permite la reducción de la sentencia carelaria, aunque deja afuera delitos como genocidio, narcotráfico, y asesinato.
El presidente Jimmy Morales, quien evitó pronunciarse sobre la reforma, la ratificó y la puso en vigencia con su publicación en el oficial Diario de Centro América.
Sectores civiles críticaron las reformas al considerarlas un retroceso en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país.
El analista político y activista anticorrupción Manfredo Marroquín urgió a la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, otorgar un amparo contra la norma, que a su juicio beneficiaría "a miles de reos y delincuentes".
Marroquín indicó en su cuenta de la red Twitter que la CC tiene en estudio tres recursos de amparo contra la reforma.
Opositores a la reforma señalan que beneficiará a diputados, financistas y particulares que tienen casos abiertos o están en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción.
Con la modificación, una persona que enfrenta una causa penal podrá obtener una reducción de 50% de la pena carcelaria si acepta el delito en su primera declaración, de 33% si acepta la culpa antes del comienzo del juicio y de 20% si lo hace durante el proceso.
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