BUENOS AIRES (AP) — Una fiscal argentina pidió el miércoles la captura internacional del obispo Gustavo Zanchetta, acusado del abuso sexual de dos exseminaristas y cercano al papa Francisco.

María Soledad Filtrín, fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Orán, situada en la provincia de Salta y a unos 1.600 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, requirió la captura internacional de Zanchetta al considerar que el religioso está en rebeldía de la justicia, informó el Ministerio Público Fiscal salteño.

Zanchetta está acusado de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto en perjuicio de dos víctimas y un tribunal salteño lo someterá a un juicio en una fecha aún no definida. Los hechos habrían ocurrido desde 2016 en una casa parroquial, en el edificio del seminario y en la casa del obispo en Orán.

De ser hallado culpable podría ser sentenciado a una pena de tres a diez años de prisión.

El religioso, quien en 2017 renunció repentinamente como obispo de Orán, es investigado por la justicia civil desde principios de año y en la actualidad está siendo sometido a un juicio canónico en el Vaticano.

Filtrín pidió la captura internacional luego de que el imputado no respondiera a reiterados llamados telefónicos ni correos electrónicos al número y dirección electrónica aportados voluntariamente en agosto para ser notificado de cualquier acto procesal y luego de haber constituido domicilio en el Vaticano, dijo la fiscalía salteña en un comunicado.

En el pedido, Filtrín también repasó las oportunidades en las que debieron realizarse trámites ante la Nunciatura -la misión diplomática de la Santa Sede en el Estado argentino -para que Zanchetta compareciera ante la justicia. No especificó dónde sospecha que puede encontrarse el religioso.

La solicitud de la fiscal debe ser aprobada por un magistrado.

En junio, el juez salteño Claudio Parisi le permitió a Zanchetta ausentarse de Orán -con la desaprobación de la fiscal- bajo la condición de que debía regresar el 8 de agosto para ponerse a disposición de la justicia, lo que el religioso cumplió.

El permiso fue concedido por razones de índole laboral que había esgrimido el defensor oficial del religioso, quien previamente había presentado constancias de que residía en Santa Marta, en el Vaticano, e indicado que trabajaba como asesor en la Santa Sede.

En el mismo mes de agosto el juez le permitió ausentarse de nuevo por razones laborales apuntando que había prestado “constante colaboración con la justicia desde el inicio de la causa” y le pidió estar atento a cualquier requerimiento judicial.

El papa reveló en una entrevista con la cadena mexicana Televisa en mayo que había recibido los resultados de una investigación preliminar a Zanchetta y ordenado que el caso pasara a juicio en un tribunal vaticano que maneja los casos de abusos sexuales.

Francisco dijo que le preguntó a Zanchetta sobre las primeras acusaciones en su contra en 2015 relacionadas con imágenes de desnudos halladas en su teléfono móvil y que le dio al religioso el privilegio de la duda cuando afirmó que lo habían hackeado.

Poco tiempo después, miembros del seminario de Orán y varios vicarios generales mostraron su preocupación por el comportamiento problemático de Zanchetta con los seminaristas, como pasar por sus cuartos en la noche o pedirles masajes.

El papa indicó que, una vez leídas las conclusiones de la investigación preliminar, vio que era “necesario hacer un juicio” canónico.

Luego de su renuncia como obispo de Orán, Francisco designó a Zanchetta en un puesto en la entidad que administra el patrimonio del Vaticano.

A través de documentos y entrevistas, The Associated Press y el diario argentino El Tribuno reportaron que el Vaticano estaba enterado de los supuestos abusos del obispo dos años antes de que renunciara.

El Vaticano había insistido en que Zanchetta sólo enfrentaba problemas de gobernanza en aquel momento y que la primera acusación de abuso había llegado a fines de 2018.