El hecho que le imputan a Lázaro Báez es haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el 2 de noviembre de 2012 y en otra fecha aún no determinada, pero que se presume fue en los últimos meses de ese año, una suma total aproximada de 5 millones 100 mil dólares en "SGI Argentina S.A.".
La maniobra que se le atribuye, se concretó en las oficinas de la financiera ubicadas en Juana Manso 555, piso 7°, departamento "C" de Puerto Madero.
Ese dinero fue contado en el lugar en presencia del hijo de Lázaro Báez, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos aún no identificados.
Casanello consideró que de ese modo disimularon la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud.
"A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".
Por su participación accionaria en Austral Construcciones S.A. -95 %- y la relación familiar que lo une con Martín Antonio Báez -quien posee el 5 % restante- , se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita.
Esa utilidad obtenida de manera espúrea por esa firma de la que es accionista mayoritario, se habría logrado mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal.
Casanello agrega que la sospecha de origen ilícito se deduce también de la importantísima cantidad de dinero, la forma de traslado y disposición -en efectivo-, la vigencia del "cepo cambiario", y el lugar elegido para ocultarlo y disimularlo.
En este sentido, el magistrado señala que la maniobra se realizó a través de una sociedad que realiza actividades de intermediación financiera y cambiaria no autorizada (coloquialmente conocidas como "cuevas").
Ese dinero en efectivo habría sido trasladado a la sede de SGI mediante aviones de la firma "Top Air S.A.", de la cual Lázaro Báez era accionista a través de Austral Construcciones S.A..
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