En los más de once millones de documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), figuran tres funcionarios cercanos al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Se trata de Adrián Velázquez, Víctor Cruz Weffer y Jesús Villanueva.
Velázquez fue guardia personal de Chávez y abrió una compañía de millones de dólares en un paraíso fiscal en Seychelles.
Cruz Weffer, en tanto, fue comandante en jefe del Ejército chavista desde julio de 2001 hasta su despido en diciembre de ese año, al ser acusado de malversación de fondos.
En 2002, se inició una investigación en su contra, y en abril de 2007, los fiscales lo acusaron de enriquecimiento ilícito.
Al llegar a lo más alto del Ejército de la mano de Chávez, Weffer envió cientos de miles de dólares a cuentos bancarias en el extranjero.
Los cargos se presentaron un mes antes de que Weffer adquiriera acciones de la sociedad de Seychelles Univers Investments. Weffer quedó absuelto en 2011, pero hay una apelación en curso, consigna el documento de ICIJ.
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Villanueva, por su parte, es el otro funcionario chavista involucrado en el escándalo Panamá Papers. Ascendió rápidamente en la estatal Petróleo de Venezuela (PdVSA), luego de la elección de Chávez en 1998.
Arrancó como auditor general, luego en 2002, como director, después auditor, para luego convertirse en director nuevamente en 2005.
Una sentencia de 2006 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos señaló que al ser vicepresidente del Comité de Auditoría y también experto financiero del Comité de Auditoría, Villanueva no era "independiente", tal y como establece la Bolsa de Nueva York.
En 2008 abandonó la junta, cuando el Comandante reemplazó a seis directores, pero se mantuvo como auditor.
En una nota confidencial de PdVSA en 2009, Villanueva expuso un desfalco con una red de suministro de alimentos en todo el país creada por Chávez y PdVSA. Una auditoría reveló que sólo el 25% de los más de 2,2 millones de dólares que se pidieron para importar alimentos a mediados de 2008 había llegado a Venezuela seis meses después del pago, indica el documento de ICIJ.
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