"Sale el domingo y regresa ese mismo día. Estamos atendiendo a una invitación formal del Jurado Nacional de Elecciones", aseguró el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Magán, citado por el periódico El Comercio.
Santos, ex gobernador entre 2011 y 2014 de Cajamarca –región del norte de Perú donde se halla Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina–, está bajo prisión preventiva desde hace casi dos años en la cárcel limeña de Piedras Gordas, acusado por la Fiscalía de corrupción en su gestión.
"Él no está sentenciado y, por eso, hay restricciones que no se le pueden aplicar", agregó el jefe del sistema carcelario peruano sobre las razones por las cuales no puede impedir que Santos deje por horas la prisión y ejerza sus derechos civiles, como por ejemplo ser candidato presidencial.
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Santos acudirá al debate del 3 de abril junto a sus 10 rivales invitados por el Jurado Nacional de Elecciones, en el único encuentro donde estarán juntos todos los postulantes.
En febrero pasado, Santos había participado desde la cárcel en un debate televisivo, donde intervino por vía telefónica.
El ex gobernador de Cajamarca es una de las caras más notorias de las protestas antimineras en Perú. Santos se hizo conocido por liderar el rechazo al proyecto Conga del gigante minero Newmont, que se paralizó desde 2011 y congeló una inversión de unos 4.800 millones de dólares.
El debate se realizará en el centro de convenciones de Lima con una modalidad de duplas, correspondiendo a Santos polemizar con el candidato del centrista partido Acción Popular, el periodista Alfredo Barnechea.
"Barnechea confirma su presencia en debate, ahí estaremos para defender nuestras ideas, mineros versus defensor del medio ambiente", escribió Santos el miércoles en su cuenta de Twitter.
Según un reciente sondeo de Ipsos, Santos obtiene un 1% de las preferencias contra el 2% de Keiko Fujimori –hija del condenado ex presidente Alberto Fujimori–, que lidera las encuestas.
La Fiscalía peruana solicitó para Santos una condena de 24 años de prisión y una sanción de cinco años para ejercer cargos públicos, bajo la imputación de los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.
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