Miles de personas volvieron el jueves a las calles de varias ciudades de Brasil para protestar contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su toma de posesión como ministro y exigir la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, cuya popularidad se encuentra en niveles mínimos. Apenas pasados 40 minutos del acto, un juez impidió la designación.
Lula, sobre quien pesan sospechas de corrupción, fue nombrado la víspera titular de la cartera de la Presidencia, el ministerio más poderoso del Gabinete. A su designación siguió una tormenta política, ahondada por la divulgación de unos audios que sugieren que Rousseff trató de evitar una posible detención de su antecesor. Tan grave fue que el juez federal de Brasilia, Itagiba Catta Pretta Neto, arruinó la fiesta de asunción menos de una hora después de que el ex presidente estampara su firma en el acta que lo nombra como jefe de la Casa Civil.
Los participantes corearon lemas como "nuestra bandera nunca será roja", en referencia al color que identifica al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), o "si Dilma no renuncia, el país parará". También dieron muestras de apoyo al juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la trama de corrupción de Petrobras, que salpican a Lula, investigado por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
"Esto supone una afrenta y una falta de respeto hacia las instituciones. No hay cómo quedarse en casa sentada, han menospreciado al juez Sergio Moro y al Supremo Tribunal Federal", dijo a la agencia EFE Lilia Moura, una de las manifestantes. Otra de las asistentes, Sandra Alonso, señaló que quiere "un Brasil mejor para sus hijos", porque, en su opinión, "el Gobierno está jugando con el pueblo".
En esa plaza se concentraron manifestantes tanto a favor como en contra del Gobierno, que llegaron a enfrascarse en incidentes que no llegaron a mayores. Los grupos favorables al Gobierno eran más numerosos y, según cálculos de la Policía Militar, sumaban unas 300 personas, en tanto que los opositores no llegaban al centenar, al menos al inicio de las concentraciones.
Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas este miércoles por el juez Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación en la petrolera estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.
También tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar el jueves mismo el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.
De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff. Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y sólo uno de los 81 senadores, números no muy significativos, pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político contra la mandataria.
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