Después de "El Chapo"

El pasado 8 de enero, llegó a su fin la cinematográfica fuga de "El Chapo" Guzmán, quien había escapado el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad El Altiplano a través de un túnel de 1500 metros. Con su captura por comandos de la Marina mexicana en la localidad de Los Mochis (Sinaloa), el gobierno mexicano dio un suspiro de alivio. "Misión cumplida: lo tenemos" fue la primera frase difundida por el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta oficial de Twitter @EPN, al dar a conocer la noticia. La detención del capo del cartel de Sinaloa se suma a una serie de golpes asestados en los últimos dos años a otros poderosos grupos, como la organización de los Beltrán Leyva, Los Zetas, los cárteles del Golfo y de Juárez y Los Caballeros Templarios.

La Comisión Nacional de Seguridad de Méxicoha confirmado que, de una lista de 122 objetivos declarados por el Estado mexicano como prioritarios, 99 han sido neutralizados. "El Chapo" era el número 98 y, tres semanas después, le tocó el turno a Francisco Javier Hernández García (conocido como "El Panchillo" o "El 2000"), hombre clave del grupo de los Beltrán Leyva, cuyos cabecillas –los hermanos Alfredo y Héctor Beltrán Leyva– ya estaban tras las rejas. De los 23 que aún siguen pendientes de captura, la lista de los más buscados estaría encabezada por Ismael "El Mayo" Zambada, quien sería el nuevo hombre fuerte del cartel de Sinaloa, yNemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del cartel Jalisco Nueva Generación.

"La detención de "El Chapo" Guzmán "tendrá un impacto a nivel micro en algunas bandas locales y notoriamente al interior del cartel de Sinaloa, ya que seguramente va a haber un reacomodo de los liderazgos"

En diálogo con DEF, el experto mexicano David Pérez Esparza, licenciado en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey que está realizando actualmente su doctorado en el University College London (UCL), consideró que la detención de "El Chapo" Guzmán "tendrá un impacto a nivel micro en algunas bandas locales y notoriamente al interior del cartel de Sinaloa, ya que seguramente va a haber un reacomodo de los liderazgos". Sin embargo, considera que "a nivel macro, no va a haber mayor impacto porque las tendencias mundiales en este mercado van más allá de una persona". "Las modas parecen transitar hacia la producción de drogas sintéticas y una transición hacia la heroína blanca, pero se trata de un mercado inestable, en continua transformación, muy basado en la innovación, que depende del consumo de plazas importantes como Chicago, París o Londres", agregó.

El cartel de Sinaloa, también conocido como cartel del Pacífico, cuenta actualmente con una poderosa estructura y una sólida red de logística, transporte y distribución de la droga. De acuerdo con información de la DEA, se trata de la organización criminal de mayor presencia en territorio estadounidense. Su participación en el mercado ilícito de las drogas abarca desde la cocaína hasta la heroína y las drogas sintéticas. Este grupo controla, según información difundida por el diario El Tiempo de Bogotá, el 35 por ciento de la cocaína procedente de Colombia y destinada a EEUU. Otra publicación especializada de ese país, la revista Semana, da cuenta de la estrecha alianza entre el cartel de Sinaloa y el clan Úsaga, definido como la estructura narcocriminal más poderosa de Colombia. En el caso de la heroína, una droga cuya demanda ha crecido notablemente entre los adictos estadounidenses, el cartel de "El Chapo" controlaría el 60 por ciento del mercado y llegaría al 70 por ciento del negocio de las metanfetaminas en territorio de EEUU.

"Sinaloa usó laboratorios químicos del primer mundo al estilo Breaking Bad y logró pasar de la era de la marihuana a la de las metanfetaminas"

Funciona con la lógica de una empresa que cuida sus ingresos y su rentabilidad. Es por ello que, tal como nos explicó Pérez Esparza, al ver limitada su actividad por la legalización de la marihuana en determinadas regiones de EEUU, como ya ocurre en Colorado y en el estado de Washington, "migró hacia otras drogas". Tal como explicaba este analista en un artículo titulado "Chapo Guzmán, CEO", publicado en febrero de 2014, "Sinaloa usó laboratorios químicos del primer mundo al estilo Breaking Bad y logró pasar de la era de la marihuana a la de las metanfetaminas. El cartel no solo revolucionó el mercado, también la logística. Y lo hizo, por si fuera poco, con un toque nacionalista que muchos empresarios mexicanos ya no tienen. Cuando era posible, creó tecnología propia en lugar de importarla".

Este investigador brinda una curiosa descripción del cartel de Sinaloa: "Durante una época, una ventaja sustancial –que ya no es tan clara– sobre otras organizaciones narcos mexicanas fue que ellos nada más vendían la droga. Dentro de su extraño código ética, se encontraba el mandato de no consumirla, no ponerla al alcance de menores de edad y no meterse con las familias. Cuando había que matar, lo hacían de forma discreta, sin dolor. Sus valores se parecían mucho a los de la tradición mafiosa italiana: la importancia de la madre, de la familia y su fervor religioso". También pone el foco en lo que denomina la "política de recursos humanos" de este cartel, que "combina la parte familiar, que les asegura fuertes lealtades, con la captación de talento, como los ingenieros para cavar túneles o los químicos para el cocinado de drogas sintéticas".

Una organización en ascenso es el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que demostró su poder de fuego contra el propio Estado mexicano al derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea en Villa Purificación (Jalisco) el 1º de mayo de 2015, con un saldo de siete militares muertos. Este grupo hunde sus raíces en el estado de Michoacán. Allí nació su líder, Nemesio Oseguera –"El Mencho"–, un ex policía municipal del vecino estado de Jalisco que integró el desparecido cartel del Milenio y armó su actual estructura en 2010 a partir de una de las facciones en que quedó dividido aquel tras su desmantelamiento. "Como jefe del CJNG, 'El Mencho' dirige las operaciones de narcotráfico del grupo en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde es un actor importante en el comercio de metanfetaminas", apunta el portal especializado InSight Crime.

Enemigo declarado de Los Zetas y de Los Caballeros Templarios en Michoacán, el CJNG tiene relaciones más confusas con el cartel de Sinaloa. En ese sentido, Pérez Esparza señaló: "El problema de Jalisco Nueva Generación es que muchos de sus miembros provienen del cartel de Sinaloa y, cuando vieron que 'El Chapo' estaba en problemas, diseñaron su propio cartel. La información de inteligencia con la que cuento indica que algunos de sus miembros trabajan para ambos grupos, por lo que en esos casos no habría una línea divisoria clara entre ambos". Un duro golpe para el CJNG fue la captura, en junio del año pasado, de su número dos, Rubén Oseguera González –"El Menchito"–, hijo de "El Mencho", que se encuentra actualmente recluido en el penal de El Altiplano.

En rigor, para Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuración General de la República (PGR) de México, el de Sinaloa y el CJNG serían los únicos carteles que siguen funcionando y operando realmente como tales. Citado por el semanario Proceso, en junio pasado, Zerón aseguraba que en los demás casos, tras la detención de sus jefes, los grupos "se desarticulan y empiezan a trabajar como células independientes en los municipios". Por su parte, en su último informe público, la DEA indica que "el CJNG está rápidamente convirtiéndose en una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas de México y compite con el cartel de Sinaloa en Asia, Europa y Oceanía". El Departamento del Tesoro de EEUU apuntó también contra el grupo conocido comoL os Cuinis, que operaría como brazo financierodel CJNG en el tráfico de cocaína y metanfetaminas. Abigael González Valencia, cuñado de "El Mencho" Oseguera y líder de esta banda, fue capturado en Puerto Vallarta (Jalisco) en febrero de 2015. Su hermano Elvis fue detenido en Guadalajara en enero de este año, cuando recibía atención médica en un hospital local tras haber sufrido una herida de bala en circunstancias aún no aclaradas.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, muestra la tenebrosa red de complicidades y la connivencia que existe entre el narcotráfico, la política y las fuerzas de seguridad en distintas regiones del país. Es el caso del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. El entonces alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se encuentran hoy en prisión por su participación en estos hechos y sus vinculaciones con el crimen organizado y el narcotráfico. De acuerdo a lo que se ha logrado reconstruir, ellos actuaron en complicidad con efectivos de la Policía municipal de Iguala y del vecino municipio de Cocula y con el cartel Guerreros Unidos. Según la versión oficial, desmentida por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encuentra investigando el caso, los jóvenes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero de la localidad de Cocula.

En una columna publicada a pocas semanas de los hechos –el 12 de octubre de 2014– en el diario El País de Madrid, el politólogo mexicano Guillermo Trejo, profesor de la Universidad Notre Dame de Indiana(EEUU), se refería a "uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años: en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga, sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es tomar el poder local, apoderarse de los municipios y sus recursos, y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada". El autor añadía: "La masacre fue un acto de reconstitución del poder local, una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarles en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás. Fue, también, una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el 'derecho de piso' y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona".

"La masacre fue un acto de reconstitución del poder local, una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarles en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás"

En plena convulsión política por el caso Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en noviembre de 2014 un decálogo para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho, que incluía, entre otras medidas, una ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios –que prevé la toma de control por parte del gobierno federal de la seguridad de aquellos gobiernos locales copados por grupos delictivos–, la obligatoriedad de la creación de policías estatales únicas –eliminando las policías municipales– y operativos con fuerzas federales en Guerrero, Michoacán y municipios de Jalisco y Tamaulipas que así lo requiriesen. Estos últimos se cumplieron, con éxito dispar. Sin embargo, los proyectos legislativos siguen trabados en el Congreso. El problema, según nos explica David Pérez Esparza, es la pérdida de iniciativa del primer mandatario tras una serie de escándalos de corrupción que han manchado su propia imagen y la de su familia: "El gobierno hoy está solo y ya no tiene interlocución con la sociedad civil y con los partidos de la oposición porque ya nadie confía en él. El mayor problema es la falta de credibilidad del presidente".

La violencia que vive México sería inconcebible sin un combustible indispensable: el tráfico de armas de fuego procedentes de EEUU, donde existen muy cerca de la frontera al menos 6700 tiendas con licencia para su venta. Entre 2009 y 2014, el 70 por ciento de las armas que fueron trazadas en México por la Oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) provenían de EE.UU. "La razón por la cual los carteles y grupos criminales buscan adquirir armas de fuego en EE.UU. es simple: ellos no pueden comprarlas legalmente en México, que mantiene estrictas restricciones a la venta y posesión de armas de fuego", señala un informe difundido en julio de 2015 por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Centro de Políticas contra la Violencia (VPC), dos ONG vinculadas con la defensa de los derechos humanos en la región.

"La mayor parte de la violencia en México responde más al mercado de armas procedentes de EEUU que a la propia droga o a cualquier otro fenómeno", no duda en afirmar David Pérez Esparza. Al respecto, y contra lo que se afirma con demasiada soltura en los medios, él considera "una falacia" culpabilizar al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) por haber sido el iniciador de la violencia, al lanzar su estrategia de militarización de la lucha contra los grandes carteles. "Ya venía creciendo desde 2004", asegura este investigador, cuya hipótesis es que ese incremento se dio justamente cuando "EE.UU. modificó dos leyes y permitió que muchas armerías se ubicaran en la frontera con México". Y añade: "Lo que no contempló Calderón, al lanzar al Ejército a esta lucha, fue que el crimen organizado tenía un acceso directo, como nunca antes, a fuentes de suministro de armas".

En este contexto, es oportuno recordar los coletazos que tuvo el destape, a través de WikiLeaks, del escándalo conocido como "Rápido y Furioso", que permitió el ingreso de manera ilegal de alrededor de 2500 armas de fuego en el territorio mexicano, muchas de las cuales fueron a parar a carteles y grupos del crimen organizado.Se trató, en realidad, de dos operaciones que involucraron a las oficinas de la ATF en Tucson y Phoenix, la primera de las cuales tuvo lugar entre marzo de 2006 y diciembre de 2007 (Operation Wide Receiver) y lasegunda entre octubre de 2009 y enero de 2011 (Operation Fast and Furious). El colmo de este desaguisado fue el hallazgo de uno de esos rifles en la vivienda que "El Chapo" Guzmán ocupaba en Los Mochis (Sinaloa) al momento de su reciente detención.

Al escándalo de "Rápido y Furioso" se sumó el descubrimiento del diario El Universal de México de los contactos de agentes de la DEA y funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU con integrantes de carteles mexicanos. En un informe titulado "La guerra secreta de la DEA en México" publicado en enero de 2014, la periodista Doris Gómora reveló que "documentos judiciales [...] indican que el gobierno de EEUU conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de carteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones". Aclaró que "sin la presencia de alguna autoridad mexicana, como establecen los acuerdos binacionales [...], los agentes de la DEA se reunieron con los miembros de los carteles, en territorio mexicano [...] y construyeron una red de informantes de narcotraficantes, quienes firmaban acuerdos de cooperación, sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en EE.UU".

El gran interrogante es si México, o algunas franjas de su territorio, corren el riesgo de adquirir las características de un "Estado fallido".

"Lo que ha quedado claro es que las reuniones de los agentes de la DEA con miembros de alto nivel del cartel de Sinaloa se realizaron en más de 50 ocasiones en territorio mexicano, de acuerdo con documentos de la Corte en donde se incluyen declaraciones de los propios agentes y funcionarios estadounidenses", añadió la autora de ese artículo. Uno de esos encuentros secretos tuvo lugar en la ciudad de México el 17 de enero de 2009 e involucró al hijo de "El Mayo" Zambada, Vicente Zambada-Niebla, quien horas más tarde sería detenido por la Policía mexicana y en febrero de 2010 sería extraditado a EEUU. Durante el proceso que se le siguió en un tribunal de Chicago, él alegó que gozaba de inmunidad debido a su rol de informante de la DEA, aunque no pudo probarlo. Finalmente, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, por el cual se declaró culpable de cargo de narcotráfico a cambio de una posible reducción de su condena. Luego se especuló, a partir de fuentes de la DEA citadas por la prensa mexicana, que la información suministrada por "El Vicentillo" habría sido clave para la anterior captura de "El Chapo", en febrero de 2014.

El gran interrogante es si México, o algunas franjas de su territorio, corren el riesgo de adquirir las características de un "Estado fallido". En marzo de 2010, un artículo de la revista mexicanaEsquirefirmado por el especialista argentino en la lucha contra la criminalidad organizada, Edgardo Buscaglia, hacía una fuerte advertencia al respecto. Bajo el título "México pierde la guerra", señalaba que "cuando la ciudadanía empieza a reemplazar al Estado con estas organizaciones privadas con jerarquías y disciplina similares a las de un ejército (a menor escala) y que por definición operan fuera de la ley, la consecuencia es que los diferentes tipos de violencia organizada se expanden, causando un colapso institucional del sector público cada vez mayor". El autor consideraba como una "irresponsabilidad social" los planteos de negociación con los grupos criminales o de legalización de la droga.

A juicio de este analista, solamente a través de cuatro medidas operativas el Estado puede hacer frente a este flagelo. En primer lugar, "una eficaz coordinación interinstitucional operativa entre órganos de inteligencia, Secretaría de Hacienda, policía, fiscalías y jueces, que apunte al desmantelamiento patrimonial de empresas criminales ligadas a organizaciones delictivas". Segundo, "el combate y la prevención de la corrupción política al más alto nivel, limitando al máximo la 'inmunidad' de los funcionarios". Tercero, "un nivel mucho más amplio de cooperación y coordinación entre México y otros Estados para incautar y decomisar activos patrimoniales, ligados a los grupos criminales mexicanos, en empresas legales nacionales y extranjeras". Y en cuarto término, "una red nacional de prevención social del delito en manos de organizaciones no gubernamentales, coordinada por entidades federativas y el gobierno federal, que abarque factores de riesgo ligados a la salud, educación, mercado laboral, violencia intrafamiliar e infraestructura social".

Finalmente, Buscaglia lanzaba una suerte de profecía, basado en la experiencia de otros países de la región y del mundo: "Las élites empresariales y políticas decidirán ser parte de la solución solo cuando sus exclusivos ámbitos profesionales y privados comiencen a ser demolidos por coches-bomba colocados por el mafioterrorismo; cuando sus familias comiencen a ser masacradas en sus hogares (a pesar de sus ejércitos de guardaespaldas); y cuando sus patrimonios comiencen a desvanecerse de la noche a la mañana". La pregunta que queda en el aire es si no habrá llegado, finalmente, el momento de actuar.