Una publicista arrestada por su supuesta implicación en el caso de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras afirmó que la constructora Odebrecht hizo pagos ilegales a las campañas electorales de varios países, entre ellas la del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en 2011.
La declaración de la publicista Mônica Moura a la Policía, realizada este jueves en Curitiba (Paraná, sur), fue divulgada de forma integral por su abogado, que cedió los documentos a la prensa.
Según esos papeles, Moura delató pagos ilegales en la campaña presidencial de José Eduardo Santos en Angola en 2011 y citó maniobras similares en una campaña electoral en Panamá en 2014, aunque no precisó cuál.
Moura y su marido, João Santana, también trabajaron para los presidentes Mauricio Funes (El Salvador) en 2009; Danilo Medina (República Dominicana) a partir de 2011 y para los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Moura afirmó que la campaña de Hugo Chávez en 2011 costó USD 35 millones
Según la declaración filtrada, Moura afirmó que la campaña de Hugo Chávez en 2011 costó 35 millones de dólares y se pagó en su mayoría con fondos "no contabilizados" de forma legal procedentes de "varios donadores".
La publicista dijo haber sido "orientada" a buscar a un ejecutivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, para pedir que la empresa aportara fondos a la financiación ilegal de esa campaña.
Los pagos de Odebrecht habrían sido realizados en empresas de tapadera en paraísos fiscales y habrían ascendido a entre tres y cuatro millones de reales (de 750.000 a un millón de dólares).
Moura y Santana se entregaron a la Policía el martes pasado al regresar de la República Dominicana, donde estaban trabajando para el presidente Medina.
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La Policía ordenó el arresto de la pareja de publicistas por tener indicios de que recibió dinero de compañías salpicadas por el escándalo en Petrobras en unas cuentas bancarias que tendría en paraísos fiscales.
Odebrecht, una de las mayores de Brasil, con operaciones en prácticamente toda América Latina, es también una de las principales empresas acusadas en el escándalo de Petrobras.
Según la investigación, las mayores constructoras de Brasil se repartieron durante años las obras que Petrobras sacaba a subasta, elevaban los precios artificialmente para beneficiarse y repartían cuantiosos sobornos entre los ejecutivos de la petrolera estatal y los políticos que permitían los fraudes.
La Policía investiga si parte de esos pagos sirvieron para financiar las campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenecen Lula y Rousseff.
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