En marzo de 2015 el gobierno kirchnerista modificó la Ley de Inteligencia Nacional y le entregó a la Procuración General la oficina encargada de las escuchas telefónicas que hasta ese momento estaba bajo la órbita de la ex SIDE.
De esa manera, la "OJ" como se la conocía, pasó a ser manejada por Gils Carbó. Cuando asumió la presidencia, Mauricio Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia ordenando un nuevo traspaso, esta vez a la Corte Suprema de Justicia. Esta semana el máximo tribunal emitió una acordada creando la "Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación".
Esta dependencia tendrá como objetivo interceptar o captar comunicaciones privadas de cualquier tipo ordenadas por jueces y solicitadas por fiscales. Así será será la nueva oficina encargada de las escuchas judiciales:
? la información estará bajo absoluta reserva.
? el personal de la nueva dependencia firmará contratos de confidencialidad respecto de la información y los métodos de trabajo utilizados.
? un protocolo establecerá cómo garantizar la cadena de custodia de las escuchas con los estándares del Código Procesal Penal de la Nación vigente o el que se implemente en el futuro.
? habrá una capacitación permanente del personal para encontrar los métodos más eficientes para intervenir las comunicaciones.
? la nueva dependencia determinará cuáles son los dispositivos más convenientes para intervenir de acuerdo al delito y la organización criminal de que se trate.
? utilizará la modalidad de "minería de datos" para intentar descubrir patrones delictivos en grandes volúmenes de datos.
? incorporará métodos alternativos de intervención de acuerdo a como vayan cambiando las formas de comunicarse en las estrategias delictivas de las organizaciones criminales.
? acordarán protocolos de confidencialidad y de actualización tecnológica con las compañías telefónicas y se harán auditorías compartidas. La dirección de la nueva oficina encargada de las escuchas telefónicas judiciales estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara y la duración en el cargo será de un año no renovable. Con esta medida, se busca darle transparencia y fijar un sistema eficiente de control a esta actividad tan importante en la investigación criminal.
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