Cuando falta poco más de una semana para el referéndum en el que se juega un mandato más, el presidente boliviano, Evo Morales, se enfrenta a denuncias por tráfico de influencias, en el primer escándalo que lo salpica directamente en 10 años en el poder.
El mandatario ha sido acusado de que su ex pareja Gabriela Zapata –con la que tuvo un hijo (que según él falleció) y es una ejecutiva de 28 años, sin título universitario, de la empresa china CAMC– ha obtenido varios contratos millonarios del gobierno boliviano y maneja una cartera de 560 millones de dólares.
"Es la primera vez que una denuncia de corrupción con pruebas ha tocado al presidente"
"Es la primera vez que una denuncia de corrupción con pruebas ha tocado al presidente", dice a la AFP el analista político Carlos Cordero, que recuerda que Morales llegó al poder en 2005 con el mensaje de que era la "reserva moral del país".
Morales reconoció que había conocido en 2005 a Gabriela Zapata, entonces de 18 años, y tuvo un hijo con ella dos años después, pero a raíz del fallecimiento del bebé se distanciaron y no volvieron a verse, lo que contradice una foto tomada el pasado año en el Carnaval de Oruro.
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Las contradicciones en las que han incurrido el presidente y sus colaboradores más cercanos, entre ellos el propio vicepresidente, Álvaro García Linera, no han hecho más que exacerbar la furia de sus detractores.
Mientras el vicepresidente aseguró que Zapata empezó a trabajar como gerente comercial en CAMC en 2015, ella asegura que fue en 2013. Tampoco hay acuerdo en el número de proyectos estatales que la empresa china ha ganado: siete, según el gobierno; cinco, según la empresa.
El presidente pidió al Congreso, controlado por su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), que investigue las denuncias de tráfico de influencias. "No tenemos nada que ocultar", dijo el jueves.
Y a la Contraloría le ha pedido que investigue "los procedimientos administrativos" en el proceso de contratación entre el Estado y la empresa china.
Riesgo de derrota por el "Zapatazo"
Este escándalo ha estallado en los días previos al referéndum convocado por el propio gobierno para reformar, por segunda vez durante el mandato de Morales, la Constitución y permitir que se vuelva a presentar en las elecciones de 2019 para un cuarto mandato.
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