Los dueños de la ex empresa alimenticia Kraft Foods despidieron en 2009 a 158 empleados y amenazaban con cerrar el turno de la noche en el que trabajaban más de 700 personas. La respuesta de los trabajadores fue una huelga en reclamo de la reincorporación de los despedidos. La medida incluyó la permanencia dentro de la empresa y el corte de la ruta Panamericana.
Por esos hechos se iniciaron 17 causas judiciales y después de seis años de trámite a principio de mes fue cerrada la última de ellas con el sobreseimiento de los imputados.
El juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa dictó el 1º de febrero pasado el sobreseimiento por prescripción de 25 trabajadores de Kraft que estaban procesados por el delito de usurpación de propiedad, entre ellos los delegados de la comisión interna Ramón Bogado, Dario Hermosilla, María Rosario y Jorge Penayo.
Los directivos de Kraft (ex Terrabusi y actual Mondelez Internacional) comenzaron en julio de 2009 una serie de despidos que concluyeron con la cesantía de 158 empleados, de los cuales 105 terminarían siendo reincorporados por la empresa al igual que otra decena a instancias de amparos judiciales.
La comisión interna y los trabajadores comenzaron una huelga que incluyó la permanencia dentro de la fábrica, ubicada en General Pacheco, y distintos cortes de la ruta Panamericana.
Tras 40 días de protesta, la Policía Bonaerense desalojó con represión a los empleados de la empresa y detuvo a 65 personas. A partir de allí comenzó un derrotero judicial de 17 causas penales que incluyeron embargos, procesamientos y elevaciones a juicio que ahora fueron cerradas.
Una decena de esas causas judiciales fueron por los cortes de ruta. En ese expediente llegaron a estar imputados los entonces diputados y dirigentes de izquierda Vilma Ripoll y Néstor Pitrola, quienes participaron de las protestas.
Los integrantes de la comisión interna de Kraft fueron procesados y enviados a juicio oral por los cortes –la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las acusaciones– pero la jueza federal de Santa Isidro Alicia Vence luego sobreseyó a los imputados por considerar que la causa estaba prescripta.
De esa investigación derivó la causa de "Proyecto X", un programa de inteligencia interna de Gendarmería Nacional en el que se detectó que los dirigentes de Kraft eran espiados desde hacía un año antes de la huelga por efectos de esa fuerza.
Otra causa en la que los delegados Bogado, Penayo y Alcadio Alfonso fueron imputados fue por coacción agravada contra empleados para obligarlos a participar de la huelga. La Cámara de Garantías de San Isidro los sobreseyó al señalar que no cometieron ese delito.
La última causa fue cerrada a principio de mes en la que 25 empleados estaban imputados por el delito de usurpación de propiedad por su permanencia dentro de la fábrica durante la huegla hasta que fueron desalojados.
El juez de garantías Costa los envió a juicio oral en noviembre de 2013 pero el proceso nunca se llevó a cabo por distintas apelaciones de las defensas que luego plantearon la prescripción de la causa.
Los abogados Nicolás Tauber y Mariano Moyano señalaron que los hechos investigados son de septiembre de 2009 y que el último acto de prescripción fue el 14 de junio de 2012 con el requerimiento de elevación a juicio y por lo tanto transcurrió el monto máximo de la pena del delito imputado, que es de tres años.
El juez les dio la razón. "Desde este último acto interruptivo a la fecha, ha transcurrido el máximo de duración de pena prevista en el delito en cuestión", sostuvo el magistrado en el fallo al que accedió Infobae en el que agregó que por esa circunstancia "corresponde declarar prescripta la acción".
La Fiscalía avaló la prescripción del caso y la ex Kraft, que actúa como querellante, podría apelar la decisión.
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